De esta manera, el titular de Medio Ambiente ha explicado en declaraciones a los medios, después de participar en la inauguración del III Congreso Internacional Smallwat sobre depuración en pequeñas poblaciones, que se celebra desde este lunes y hasta el próximo jueves, 28 de abril, que muchos de los casos de los municipios andaluces incluidos en la condena comunitaria son debido «al mal estado de algunas depuradora antiguas o a la deficiencia del funcionamiento», al tiempo que cree que se tratan de «casos muy concretos y detectables».
En el fallo del TUE se recoge que España «no ha construido las depuradoras necesarias para el tratamiento de las aguas residuales en Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona, Coín, Nerja, Torrox Costa y Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga; Barbate, Chipiona, Vejer de la Frontera y Tarifa, en Cádiz; y Matalascañas e Isla Cristina, en Huelva.
La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que llevó a España ante el TUE por incumplir la directiva que obliga a implantar sistemas adecuados de recogida y depuración de aguas residuales en las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes. El plazo para hacerlo venció el 31 de diciembre de 2000. El Ejecutivo comunitario alertó de que las aguas residuales urbanas no depuradas constituyen un peligro para la salud pública y la fuente más significativa de contaminación en aguas costeras e interiores.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente andaluz ha afirmado que «cumpliremos» con la normativa. Además, ha adelantado que en referencia a estas advertencias «en algunos casos ya han reparados esos colectores y depuradoras en cuestión».
No obstante, Díaz Trillo ha aclarado que si bien la competencia en este sentido es municipal, «la Junta auxilia y coopera con las autoridades locales».
Por otro lado, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), ya se indicó que «muchas de las actuaciones señaladas por la sentencia están ya en ejecución o programadas» y ha recordado que en la respuesta española a la demanda que ha resuelto el Tribunal Europeo de Justicia ya se indicó que de las 38 aglomeraciones señaladas, 27 ya tenían, en verano de 2010, las obras licitadas, en marcha o finalizadas.
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