Ecologistas califican la decisión del Gobierno de precipitada y consideran que sigue el dictado de la industria

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de energía y cambio climático de la organización ecologista, Carlos Bravo, también ha criticado el momento en el que se ha producido esta decisión –en época navideña– y el hecho de que no se haya tenido en cuenta la valoración que realizó la comisión ministerial ad hoc sobre los futuros candidatos, donde Villar de Cañas quedó en cuarta posición, superado por Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara).

   Por todo ello, ha reiterado que se trata de una decisión «precipitada» que «favorece a las industrias eléctricas y nuclear, en contra de la ciudadanía», porque el almacén temporal centralizado (ATC) es «una instalación peligrosa».

   La organización ecologista también rechaza el ATC porque el coste económico es mucho mayor al de otras opciones, como el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en los que además desaparece el riesgo derivado del transporte de residuos nucleares.

   En este sentido, la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha recordado que «cuesta 20 veces más construir un cementerio nuclear que almacenes temporales en las propias centrales» ya que, según la organización, el coste estimado del ATC es de unos 2.000 millones de euros, en los que se incluyen la construcción, el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares.

   Por el contrario, Greenpeace argumenta que el coste de los ATI es menor ya que en España sólo sería necesaria su construcción en las centrales de Garoña (Burgos), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Badajoz) y Vandellós (Tarragona).

   La organización señala que, teniendo en cuenta que el coste de cada uno de ellos es únicamente de unos 25 millones de euros, debido a que el mantenimiento es mínimo y el transporte innecesario, la diferencia de costes hace «inexplicable» que se escoja está opción en momentos de recortes económicos severos.

   Respecto a los residuos nucleares alojados en Francia, motivo por el cual el Estado español entrega en concepto de «fianza» 60.000 euros diariamente, Greenpeace considera que pueden ser realojados en un ATI. En ese momento, Francia devolvería al Estado español el 90 por ciento del dinero aportado.

   Por su parte, el portavoz de nucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, ha señalado que la decisión del Ejecutivo corresponde «a un motivo político y a los deseos del PP de echar una mano a la industria nuclear», además de cuestionar la rapidez con la que se ha resuelto este asunto, ya que el Congreso de los Diputados instó al Ejecutivo a poner en marcha este proyecto a finales de 2006.

ECOticias.com – ep

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