Junta destaca que el Reglamento de Residuos fija las bases para la autosuficiencia en la gestión

El nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía, que sustituye al vigente desde 1995, incorpora medidas de simplificación administrativa y liberalización de servicios; y establece las bases para garantizar la autosuficiencia en la gestión y alcanzar el objetivo de las ‘tres R’, reducir la producción, reciclar lo recogido y reutilizar el resto atendiendo a su grado.

   Del mismo modo, el nuevo Reglamento andaluz, aprobado por Decreto el pasado mes de marzo, desarrollar la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y da respaldo normativo a los dos planes que actualmente desarrolla la Junta de Andalucía para los residuos peligrosos y no peligrosos.

   En relación al carácter de simplificación administrativa del Reglamento, el texto normativo, entre otras cuestiones, viene a clarificar las obligaciones de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de residuos con respecto a los gobiernos locales. En este sentido, la Junta de Andalucía valora que con los Sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se refuerzan las medidas para reducir, reciclar y reutilizar.

   No obstante, aclara que, dada la gran divergencia de criterio que ha existido en los últimos años en lo que respecta a los SIG de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según la información de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Decreto desarrolla «efectivamente», en coordinación con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cuáles son los costes, directos e indirectos, que deben

   Igualmente, el Gobierno andaluz recuerda que la Ley estatal 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece de forma «muy clara» cuál es la obligación de los SIG en la gestión de los residuos, «organizar la recogida en todo el territorio estatal de todos los residuos generados por los productores».

   Del mismo modo, según añade el departamento que dirige Luis Planas, en cuanto a las campañas de información ciudadana sobre la gestión de los residuos, el Decreto andaluz desarrolla y regula una de las múltiples fórmulas que existen para informar a los usuarios, y que se vienen realizando y financiando en los últimos años por los SIG.

«NECESIDAD» DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

   La Junta considera «necesario» que los SIG realicen acciones  de información y comunicación a la sociedad para incrementar las cuotas  de recogida, teniendo en cuenta que hasta el momento «no se han cumplido los objetivos de recogida de residuos marcados por la Ley», que establecer cuatro kilos por habitante al año.

   Además, apunta que esta obligación de informar a la ciudadanía  viene ya establecida en el artículo 10 de la Directiva Europea 2.002/96 que regula esta materia. «Los Estados miembros velarán porque los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares particulares reciban la información necesaria en esta materia», indica la normativa europea.

   Igualmente, la Consejería ha aportado al respecto que el artículo 3 del Real Decreto 208/2.005 sobre aparatos eléctricos y  electrónicos y la gestión de sus residuos establece como obligación de los productores de residuos «informar a los usuarios sobre los criterios para una correcta gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos».

UNA FIANZA ECONÓMICA

   Por todo ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta subraya que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los SIG, el Decreto andaluz desarrolla, por mandato legal, el establecimiento de una fianza de un cuatro por ciento del volumen de negocio, «una obligación que no es nueva, sino que existe desde que se autorizaron a los SIG en la comunidad, estando establecida en 60.000 euros».

   En este sentido, aclara que a los SIG se les establece la obligación de suscribir una garantía financiera del cuatro por ciento, en desarrollo de lo establecido en el artículo 32 de la Ley  22/2.011 de Residuos que apunta que «los sistemas individuales y colectivos estarán obligados a suscribir fianza, seguros o garantías financieras, que se establezcan en cada caso».

   Por último, reitera que desde la entrada en vigor del Real Decreto de 208/2.005 los SIG tiene la obligación de recoger cuatro kilos de residuos por habitante al año, si bien, «después de más de siete años  y siempre con datos provisionales facilitados por los mismos SIG, en el año 2.011 la cifra se ha situado en 2,7 kilos por habitante al año».

ECOticias.com – ep

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