Quién paga la contaminación de Fosfoyesos de Huelva

La sentencia del tribunal Supremo es un hito relevante en la historia reciente de Huelva, ciudad castigada por la contaminación y con las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas de España.

Han pasado cuatro años desde que una sentencia del Tribunal Supremo obligara a la empresa Fertiberia a dejar de verter sus residuos denominados “fosfoyesos” directamente sobre las marismas del río Tinto en Huelva. La empresa pretendía continuar, al menos, hasta el año 2018 su actividad. Y todo ello, a pesar de tener desde 1998 la orden de caducidad de la concesión para arrojar residuos a las marismas. Caducidad que nadie excepto ecologistas y colectivos onubenses como la Mesa de la Ría se han preocupado de exigir reiteradamente.

La sentencia del tribunal Supremo es un hito relevante en la historia reciente de Huelva, ciudad castigada por la contaminación y con las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas de España. Esta sentencia se produce tras lustros de lucha y denuncias de colectivos ecologistas y ciudadanos en lo que es “el mayor caso de contaminación industrial de Europa”.

A pesar del tiempo transcurrido, la gravedad de la situación y de los organismos que se han pronunciado a favor de resolver lo antes posible el problema (Defensor del Pueblo, Comisión Europea, Comité de Peticiones del Parlamento europeo), ni el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ni la Junta de Andalucía han actuado para salvaguardar el interés general, la salud pública y la conservación del medio ambiente. Todo lo contrario, han permitido a Fertiberia seguir incumpliendo leyes, sentencias y dictámenes europeos.

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A fecha de hoy, pasados cuatro años, no se han iniciado aún las labores de recuperación y descontaminación de la marisma, como pedía la sentencia. Ni siquiera existe un plan claro y definido de que solución se va a dar a las más de 150.000 personas que viven a escasos metros del vertedero de residuos industriales (tóxicos y radiactivos, según especifica textualmente el informe del Parlamento europeo de 2010) más grande de Europa y tal vez del mundo.

Este retraso ha sido merecedor para la Junta de una multa a la empresa de 240.000 euros. Cantidad irrisoria si la comparamos con la subvención de 930.000 euros dada a Fertiberia por esta misma Administración en 2011 y a escasos 28 días después de tener que paralizar los vertidos de fosfoyesos por sentencia judicial. O de los ocho millones de euros concedidos por el vicepresidente de la Junta de Andalucía para el ERE de Fertiberia en 2012.

1, 2 ,3 ¿Quién paga la contaminación en el caso de los vertidos de Fertiberia en Huelva? ¡Responda otra vez! Continuará…

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