Anulada la autorización para la planta de reciclaje de residuos de Celada Marlantes (Cantabria)

El Supremo estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción y la Junta Vecinal de Fombellida y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que confirmó la legalidad de la autorización en octubre de 2012.

El Tribunal Supremo ha anulado la autorización concedida por el Gobierno de Cantabria en enero de 2010 a la empresa Residuos de Campoo S.L. (TERECAN), para la construcción de una planta de reciclaje y vertedero de residuos en la localidad de Celada Marlantes (Campoo de Enmedio)

El Supremo estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción y la Junta Vecinal de Fombellida y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que confirmó la legalidad de la autorización en octubre de 2012.

El alto tribunal anula la autorización porque se otorgó sin estar aprobado el plan sectorial de residuos industriales, peligrosos y mineros, que es el que debía precisar los emplazamientos apropiados para este fin.

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El Supremo se remite a una reciente sentencia de junio de este año en la que anula una autorización otorgada sin la cobertura del plan correspondiente, y a un fallo anterior de octubre de 2011 del que ya se desprendía que «la autorización ha de otorgarse para los emplazamientos dispuestos por el plan y que, por tanto no cabe el otorgamiento de autorizaciones sin el citado plan».

Sin embargo, el Supremo sentencia que el proyecto reunía las exigencias requeridas para su autorización, aspecto en el que da la razón al TSJC.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC desestimó el recurso presentado por la asociación Ecologistas en Acción y la Junta Vecinal de Fombellida contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria de enero de 2010 que otorgaba la autorización de gestión de residuos a Técnicas de Residuos de Campoo S.L. (TERECAN).

El TSJC estimó que las cuestiones urbanísticas y la viabilidad económica y técnica del proyecto eran «ajenas» a la legalidad de esta autorización, y consideró que las «dudas» sobre la ubicación de la instalación autorizada quedaban «solventadas» a partir de la declaración de impacto ambiental y las modificaciones introducidas en el proyecto como consecuencia de la misma.

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