Sevilla retirará la sanción económica para personas que busquen en los contenedores para subsistir

El presidente de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este martes que se retirará la sanción económica, que podía llegar hasta los 900 euros, para las personas que busquen en los contenedores con el objetivo de «la propia subsistencia», todo ello tras el informe del Consejo Social de la Ciudad sobre el anteproyecto de la ordenanza de higiene urbana.

En una rueda de prensa, el también portavoz del gobierno local ha informado de que ahora se estudiará por los servicios jurídicos «sustituir, según indica el Consejo Social, las sanciones pecuniarias por la prestación de servicios a la comunidad por parte de los infractores, fundamentalmente los que lo hagan de forma reiterada».

Además, apunta que se estudiará «una redacción más concreta de los casos a los cuales se les va a aplicar la sanción de hasta 900 euros, que es una sanción máxima dentro de las sanciones leves», al tiempo que aclara que «quien va con la intención única de subsistencia, aunque sea cartón lo que se quite, no va a recibir sanción económica, sino que se sustituirá por prestación de servicios a la comunidad, si jurídicamente es posible», de manera que subraya que «no va a haber sanción económica por retirada a pequeña escala».

Al respecto, el también concejal de Presidencia comenta que en el dictamen del Consejo Social se recoge que «tras estudiar el régimen de sanciones derivadas de la manipulación de contenedores, se entiende que tales actuaciones entren dentro del ámbito de lo punible», con lo cual Torrico defiende «lo que siempre se ha pretendido con la redacción original que se dio al artículo en concreto que es un hecho que la manipulación para fines no claros o incluso de comercialización de residuos».

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«O fines en los contenedores de cartón, de tal forma que personas organizadas proceden a la retirada del cartón poniendo en peligro que una empresa de inserción social como Solemcor, que depende de Caritas y crea en torno a 35 y 40 empleos para la recogida de cartón, si se le roba el cartón difícilmente va a poder mantener los puestos de trabajo», argumenta el edil, quien destaca que «ese era el objetivo de la norma, que es resultado de la aplicación de la normativa estatal y autonómica».

De esta manera, resalta que «la norma se redacta pensando en un hecho objetivo», de modo que «se sanciona la acción, no la intención del que comete la acción». «Pero como se ve que ha podido crearse algún tipo de duda sobre lo que se persigue de verdad con la redacción de la norma, también se va a recoger la sugerencia del Consejo Social, que no obstante manifiesta que entiende que tales actuaciones entren dentro de lo punible», ha apostillado el presidente de Sadeco.

OTRAS RECOMENDACIONES

Por otra parte, detalla que el Consejo Social recomienda que «se sigan poniendo en marcha campañas de sensibilización, información y concienciación de la ciudadanía sobre el tratamiento de residuos», algo con lo que Torrico está de acuerdo, de hecho es «la línea en la que Sadeco lleva trabajando desde hace algunos años con campañas específicas» que ha citado el concejal.

Además, pide que «se estudie la posibilidad de ampliar el horario de depósito de residuos, fundamentalmente en lo que se refiere a depósitos que no tienen impacto de olor o con efectos negativos sobre el entorno», como los envases inertes, algo que «se aceptará y se estudiará el horario a ampliar y el límite para el horario de depósito de recogida de residuos orgánicos».

Igualmente, se recomienda «aumentar el número de papeleras y ceniceros para los vecinos», para lo cual «se avanzará en esta línea y se hará un esfuerzo lo mayor posible», aunque recuerda el trabajo que se hace «desde hace muchos años en esta materia», tal es así que en la ciudad hay instaladas 6.399 papeleras, lo que supone «una media de una papelera cada 51 habitantes; 2,5 papeleras por calles y una papelera cada 150 metros de calle», una ratio que califica de «buena».

En definitiva, valora el dictamen del Consejo Social, teniendo en cuenta que «la ordenanza supone un difícil equilibrio que siempre es complejo de llevar a cabo en la ciudad ordenada», de forma que «se asegure la convivencia en condiciones asumibles para todos los vecinos», y en este caso destaca que «se va a modificar la ordenanza», para que «se puedan incorporar la mayoría de las sugerencias del dictamen del Consejo Social».

Cabe destacar que el anteproyecto de ordenanza se aprobó en la Junta de Gobierno local y se remitió al Consejo Social para «enriquecer y mejorar el proyecto», y ahora se remitirá a la asesoría jurídica que informará de las modificaciones, para posteriormente pasar al Pleno para su aprobación definitiva.

ep

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