Una ONG de Ecologistas de Huelva ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la resolución de la Junta de Andalucía que autoriza a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A.U. (MATSA) la construcción de una balsa de residuos mineros tóxicos a escasos 500 metros de la pedanía de Valdelamusa, término municipal de Cortegana.
El recurso se fundamenta en múltiples vulneraciones del procedimiento legal de solicitud de construcción de la balsa. Además, no se abrió un nuevo trámite de información pública tras la elaboración del dictamen ambiental, una exigencia de la normativa estatal y ha ratificado la jurisprudencia.
Esto ha impedido que la ciudadanía presente alegaciones sobre la versión final del proyecto, lo que vulnera los derechos de participación pública que los onubenses tienen en asuntos ambientales.
Lo de Huelva y la balsa de MATSA es intolerable para los ecologistas
Los ecologistas de Huelva ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la autorización de la Junta de Andalucía a Minas de Aguas Teñidas S.A.U. (MATSA) para construir una balsa de residuos mineros a escasos 500 metros de la pedanía de Valdelamusa, en Cortegana (Huelva).
El recurso contencioso-administrativo ha informado la organización en un comunicado, se fundamenta en múltiples vulneraciones del procedimiento legal, entre las que destaca que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tal y como exige la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
Esta omisión, ya señalada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, «invalida la autorización ambiental otorgada, al privar de validez jurídica, a un trámite esencial para garantizar la transparencia y la protección del medio ambiente».
Además, han añadido, no se abrió un nuevo trámite de información pública tras la elaboración del dictamen ambiental, como también exige la normativa estatal y ha ratificado la jurisprudencia; esto ha impedido a la ciudadanía presentar alegaciones sobre la versión final del proyecto, lo que vulnera los derechos de participación pública en asuntos ambientales.
Otro defecto de fondo del expediente administrativo, según Ecologistas, es que la Junta ha autorizado la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada sin haber resuelto previamente el expediente de cambio de titularidad del dominio público hidráulico afectado, lo que constituye «una grave irregularidad», ya que la actuación «afecta directamente a terrenos y masas de agua cuya gestión y titularidad deben estar correctamente regularizadas antes de emitir cualquier autorización sustantiva».
Por ello, para los ecologistas «estamos ante una actuación que ignora las obligaciones legales más básicas en materia de aguas públicas, lo que podría tener consecuencias irreversibles para los recursos hídricos de la zona si se construye la mencionada balsa».
La organización ha subrayado además otros riesgos graves del proyecto de esta balsa para el medio ambiente y la salud como la «potencial» contaminación potencial del embalse del Tamujoso, situado a solo 4 kilómetros de la futura instalación y catalogado como reserva estratégica de agua potable; la falta de un informe preceptivo de Protección Civil, o el inicio de obras sin autorización previa, en un contexto en el que el Juzgado de Instrucción de Aracena abrió diligencias previas de investigación.
Ante todo esto y considerando que la instalación de esta balsa es «una amenaza directa para la salud de la población, el agua potable y los ecosistemas del entorno«, los ecologistas han solicitado la paralización cautelar del proyecto y ha exigido a la Junta de Andalucía que revoque la autorización y repita el procedimiento con garantías jurídicas, transparencia y participación pública real. EFE
