La macroincineradora sería aprobada como Proyecto Regional, para imponerla al municipio donde se decida ubicar, y la gestionaría la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), administración paralela de la Junta de Castilla y León y que según los ecologistas se caracteriza por su opacidad laboral y contractual.
Las entidades locales se comprometerían a la entrega de al menos el 90 % del rechazo que resulte del tratamiento de sus residuos municipales, admitiendo asimismo la entrega de otro tipo de residuos susceptibles de valorización energética que permitan la sostenibilidad económica de la planta.
La idea es que se pague un precio de 90 euros por tonelada de residuo, con penalizaciones económicas si no alcanzaran la cantidad mínima de residuos a entregar. La duración del contrato sería de cuarenta años desde el inicio de funcionamiento de la incineradora, en 2029.
A esta propuesta Burgos acaba de decir que no. Que no quieren dicha macroincineradora en su ciudad y que no permitirán que se incluya este proyecto en la mejora que se planifica para el Centro de Tratamiento de Residuos local.
La macroincineradora no se instalará en Burgos
El Ayuntamiento de Burgos ha dirigido un escrito a la sociedad pública autonómica Somacyl en el que pide que descarten la instalación de una planta macroincineradora de residuos en el Centro de Tratamiento de Residuos de la ciudad, ha informado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.
En rueda de prensa, ha asegurado que renuncian a esta parte del proyecto por «prudencia, ante la sensación de peligro que estaba cundiendo entre los vecinos«, aunque sigue pensando que la planta no implicaría riesgos para la salud y supondría una buena solución para el tratamiento de residuos orgánicos del contenedor gris. El concejal ha explicado que llevaban tiempo estudiando qué hacer con el proyecto de esta planta incineradora, que se planteó en el anterior mandato municipal bajo la alcaldía del PSOE.
Y ha reconocido que ahora tendrán que analizar con Somacyl las posibles alternativas y el coste, además del retraso que puede suponer en la mejora del Centro de Tratamiento de Residuos. Además, ha considerado que el tratamiento de esos residuos se podría realizar en una posible incineradora autonómica.
Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno municipal, Andrea Ballesteros, ha insistido en que el proceso que ha llevado a descartar la macroincineradora es un «ejemplo de transparencia», que el PSOE debió realizar cuando se inició el proyecto.
El que fuera concejal de Medio Ambiente socialista en el pasado mandato, Josué Temiño, ha explicado que su cambio de postura se evidenció el 9 de abril, cuando se opusieron al proyecto en el Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo de Castilla y León.
Ha aclarado que cuando se propuso este proyecto en 2022 los técnicos consideraron que era la mejor solución, pero se ha resuelto tres años más tarde y en este momento ya se habla de una incineradora autonómica que podría prestar ese servicio. EFE / ECOticias.com
