Organizaciones ecologistas contra las «macroincineadoras» de residuos en Castilla y León. Es por eso que han solicitado a la Junta de la comunidad que revoque todas las autorizaciones dadas para el visto bueno de estas instalaciones.
Como recuerdan, «todas estas instalaciones están emitiendo al aire contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, que pasan luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados».
En este mismo sentido hacen mención a un estudio elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología de hace más de una década donde apuntaba que las incineradoras de residuos en España «provocan un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres)».
Reclamando la revocación de las autorizaciones para implantar macroincineradoras de residuos en Castilla y León
Organizaciones ecologistas han reclamado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que revoque las autorizaciones de incineración de residuos en toda Castilla y León, tras la renuncia del Ayuntamiento de Burgos a la suya.
«Ante el anuncio de la alcaldesa, Cristina Ayala, a su proyecto en el Ecoparque de Burgos, le pedimos que abandone la idea de promover una macroincineradora para los residuos municipales de toda la región, pendiente de ubicación y con capacidad para quemar hasta medio millón de toneladas anuales de desechos», han indicado.
Esta propuesta, dada a conocer por las entidades ambientales el pasado mes de abril, ha sido trasladada con «gran secretismo» por la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales, los consorcios de residuos y los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid, según ha denunciado.
Asimismo, han pedido que se revoquen las autorizaciones ambientales para la incineración de residuos en las fábricas de cemento ubicadas en las localidades leonesas de La Robla y Toral de los Vados (El Bierzo) y en el municipio palentino de Venta de Baños, con capacidad conjunta para la combustión de 257.000 toneladas anuales de todo tipo residuos, así como la autorización ambiental de la incineradora de residuos peligrosos ubicada en la localidad soriana de Ólvega, con capacidad para quemar 6.000 toneladas anuales de disolventes residuales.
«Todas estas instalaciones están emitiendo al aire contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, que pasan luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados», han precisado sin olvidar que el Centro Nacional de Epidemiología ha concluido en un estudio de 2013 que las incineradoras de residuos en España provocan «un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres)».
«Si este riesgo es inaceptable para Burgos capital también debe rechazarse en el resto de la región», han aseverado.
Por todo ello, ha exigido que «la solución que se adopte a la lamentable situación actual de la gestión de los residuos en Castilla y León se enmarque en la elaboración participada de un nuevo Plan Regional de Residuos, tras la anulación judicial el pasado mes de abril de su revisión aprobada de forma ilegal por la Junta».
Una solución que, además, «permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado», y «se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a las directrices europeas en la materia, rectificando la dañina política actual de la Junta, que ha convertido a Castilla y León en un sumidero de desechos de toda España«.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la recogida selectiva de los residuos domésticos en Castilla y León se limitó en 2022 al 16 % de los producidos, y en consecuencia la preparación para la reutilización y el reciclado sólo alcanzó en el mismo año el 36 %, muy por debajo del objetivo legal mínimo del 50 %.
«Y eso incluyendo el compost de pésima calidad obtenido en los centros de tratamiento de residuos, que por la falta de recogida selectiva de los restos de alimentos acaba depositándose en los vertederos», ha señalado sobre una «negligencia» que, en sus propias palabras, es «extensible al resto de los desechos». EFE / ECOticias.com
