Los residuos eran trasladados desde distintos puntos de Italia hasta vertederos de Tarragona y Cuenca, amparados bajo documentación falsificada y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento. Se calcula que habrían sido arrojadas ilegalmente más de 40.000 toneladas de residuos italianos en vertederos españoles desde 2021.
En total han sido detenidas e investigadas 22 personas acusadas de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental.
Los investigados habían cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los residuos.
La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional acusada de haber arrojado ilegalmente en vertederos de España más de 40.000 toneladas de residuos urbanos procedentes de Italia, algunos peligrosos y tóxicos, en una operación que se ha saldado con 22 personas detenidas e investigadas.
Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la operación, conocida como Rifiuti, ha destapado una organización que se dedicaba al tráfico ilícito de basuras de origen urbano procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que diariamente eran depositados de forma descontrolada en vertederos de Tarragona y Cuenca.
Los residuos eran transportados en camiones desde Italia, con documentación falsificada, y arrojados ilegalmente al vertedero, sin ningún tipo de tratamiento, pese que incluían restos peligrosos y tóxicos.
Hasta 19 millones de beneficios por deshacerse de residuos peligrosos y tóxicos transportados en camiones desde Italia
Desde el año 2021, se calcula que la red llevó hasta vertedores españoles más de 40.000 toneladas de residuos procedentes de Italia, lo que le ha permitido embolsarse en cuatro años hasta 19 millones de euros que cobraban a las empresas de residuos italianas que les contrataban para deshacerse de las basuras.
En el marco de esta operación, han sido investigadas o detenidas 22 personas y siete empresas y se han practicado registros en las sedes de esas compañías en Lleida, Constantí (Tarragona), Riba-Roja d’Ebre (Tarragona) y Almonacid del Marquesado, en Cuenca, donde se ha intervenido material informático y muestras de los residuos trasladados.
Tráfico de residuos peligrosos y tóxicos en España, el negocio italiano de los vertidos ilegales
La investigación comenzó al detectarse el uso de documentación falsa en el transporte de residuos sin tratar destinados a varios vertederos de España, lo que permitió descubrir a una red de empresas relacionadas entre sí que comerciaban con grandes cantidades de desechos procedentes de Italia.
Los agentes comprobaron entonces que decenas de camiones entraban a diario en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización pero, en vez de someter la carga a procesos de valorización, esta era redirigida directamente a los vertederos.
Según se desprende de la investigación, las empresas italianas de las que procedían los residuos se habrían ahorrado además millones de euros al derivar la eliminación de los mismos a España, con costes más reducidos.
Documentación falsificada
El transporte de residuos a otro país comunitario vulnera la normativa, además, porque la gestión y eliminación de basuras generadas por los núcleos urbanos italianos son competencia de las autoridades de ese país.
Para burlar esa prohibición, la trama interponía una serie de empresas entre el productor italiano y los vertederos españoles con el fin de simular que los desechos eran tratados y que así figurara en la documentación pertinente. De esa forma, la red se garantizaba que la Agencia de Residuos Catalana expidiese la preceptivas autorizaciones para el tratamiento de los residuos.
El juez que dirige la investigación ha ordenado embargar los inmuebles y cuentas bancarias de los investigados, de cara a una eventual condena que en el futuro les obligue a pagar indemnizaciones por los delitos cometidos.
Según recuerda la Guardia Civil, la delincuencia vinculada con los delitos contra el medio ambiente, especialmente el tráfico de residuos y de flora y fauna salvaje, ha crecido entre un 5% y un 7% anual, hasta convertirse en la cuarta actividad ilegal más extendida en el mundo, tras el narcotráfico, la trata de mujeres y la falsificación.
