El céntimo verde, según informó el Cabildo de Gran Canaria –que tiene la Presidencia de turno de la Fecai– en nota de prensa, será gestionado por los cabildos para destinarlos a políticas del medio y generación de economía verde como reforestaciones, restauración de hábitats degradados, lucha contra la desertización y la erosión, entre otras muchas.
La Comisión de Medio Ambiente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) ha decidido implantar el ‘céntimo verde’, que consiste en detraer un céntimo del impuesto de cada litro de combustibles a los carburantes para dedicarlo a políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, con lo que prevé recaudar unos 11 millones de euros en una primera fase.
El ‘céntimo verde’, según informó el Cabildo de Gran Canaria –que tiene la Presidencia de turno de la Fecai– en nota de prensa, serágestionado por los cabildos para destinarlos a políticas del medio y generación de economía verde como reforestaciones, restauración de hábitats degradados, lucha contra la desertización y la erosión, entre otras muchas.
Al respecto, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, señaló que se trata de algo que «podría generar miles de empleos verdes en Canarias, empleos de calidad, estables y que dinamizarían las zonas rurales, que son además las más castigadas por el paro».
Esta ha sido una propuesta realizada por la Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR) y que fue asumida por el Cabildo de Gran Canaria que, a su vez, la trasladó al seno de la Comisión de la Fecai, que igualmente la ha asumido.
Para Brito se trata de una de las propuestas «más importantes de cuantas promueve la Consejería» porque permitiría contar con fondos «suficientes para realizar una política medioambiental puntera en el mundo».
De todos modos, el próximo 13 de mayo la Comisión de Medio Ambiente de la Fecai volverá a reunirse para profundizar en la iniciativa, concretar la medida y los criterios de reparto de los fondos. También elaborarán un plan de trabajo institucional y con la sociedad civil en cada una de las islas para que la propuesta sea adoptada con la «mayor información y consenso social posible».
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