En el marco de su actual política ambiental, el 14 de enero la Comisión Europea explicó en Bruselas que su intención es conseguir un billón de euros.
Esta cantidad se destinará, por un lado, a financiar proyectos reales con los que hacer frente al cambio climático y por el otro, a apoyar a las regiones que lo necesiten, con el fin de acelerar su transición hacia una economía verde.
Hablando de números
Solo un mes y algunos días después que la Comisión Europea presentase oficialmente al mundo su Acuerdo Verde Europeo hizo su entrada el European Green Deal, el Plan de Inversión que han diseñado y cuyo objetivo es conseguir que, en los próximos diez años las inversiones privadas y públicas en políticas sostenibles alcancen el billón de euros.
Europa se enfrenta a la necesidad perentoria tener antes de 2050 una economía climáticamente neutral. Para ello es imprescindible contar con inversiones significativas, en tecnologías que empleen energía limpia y renovable y cuyo consumo y aprovechamiento resulte sostenible.
Los expertos en economía de la Comisión Europea estiman que, para alcanzar el objetivo que se han propuesto para el 2030, de una reducción provisional de al menos un 40 % en la emisión de gases de efecto invernadero, será necesaria una inversión mínima adicional y anual, que superará los 250.000 millones de euros.
¿Y cómo se conseguirán?
Casi la mitad del billón de euros que se estima necesario para financiar y llevar a cabo las políticas ambientales de la UE, saldrá del presupuesto comunitario, empleando para ello los diversos programas y fondos creados para ayudar y apoyar proyectos climáticos y medioambientales, como: el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional, el programa de la vida u Horizonte Europa
También cuentan con fondos que provengan del InvestEU, de la cofinanciación de los países socios, de las inversiones públicas de cada estado miembro, de los aportes provenientes de entidades, empresas y compañías privadas y de lo que se obtenga a través del nuevo Mecanismo de Transición Justa, creado para ayudar a las comunidades y regiones, que se vean más afectadas durante su transición hacia lo verde.
¿Cómo funciona el Mecanismo de Transición Justa?
El método de recaudación de este mecanismo se basa en tres pilares, a saber: la corriente de financiación InvestEU (el antiguo Plan Juncker), el Fondo de Transición Justa y una serie de préstamos, que aportará el Banco Europeo de Inversiones y que contarán con el respaldo del presupuesto de la Unión Europea.
Estos instrumentos se implementarán para obtener los fondos mencionados en inversiones tanto públicas como privadas, con el fin de ayudar en a los países afectados en diversos frentes. Por ejemplo, es posible enseñar a los obreros de las centrales de carbón, nuevas habilidades que les permitan acceder a empleos con tecnologías limpias.
La triste y contaminante realidad es que en Europa aún se apuesta en gran medida por los combustibles fósiles, de hecho, la cuarta parte de la energía de la UE proviene de 207 centrales que queman carbón, en 21 países de la UE. Este sector es motor económico de 12 grandes regiones, desde Polonia hasta España y da trabajo directo e indirecto a casi medio millón de personas.
La CE plantea que se destinen 7.500 millones del presupuesto de la CE al Fondo de Transición, a ello se le sumarían los dineros que cada país recibe para subvencionar cursos y para reinserción laboral, además de los aportes presupuestarios de cada estado. Para acceder a estos fondos cada país interesado deberá elaborar planes de transición para cada región, que la CE debe aprobar.
La distribución de estas ayudas comprendería mucho más que la reinserción laboral de los trabajadores, puesto que, también se espera que ayude a la reconversión económica de las regiones, a la recalificación del personal y la adaptación de las instalaciones para destinarlas a nuevas actividades y que genere una fuerte inversión en energías limpias.
En el papel suena bastante bien, ya que la CE promete tener en cuenta los factores positivos y negativos a la hora de repartir los Fondos de Transición, pero ya se han oído quejas de parte de los socios de la UE, España plantea que no sería justo que se priorizara a los más rezagados a la hora de cambiar hacia políticas ambientales más sostenibles en detrimento de quienes están “haciendo bien los deberes”.
¿Bancos verdes?
A los bancos también se los está presionando para que opten por una bajada importante en su huella de carbono y apoyen estas iniciativas.
Y no es que no estén dispuestos a ello, sino que piden a cambio que se les “premie” con un resurgimiento del mercado de las titulaciones (fragmentar los préstamos y dividir los riesgos entre varios titulares) y con una menor penalización sobre los capitales.
La posición de los bancos es la siguiente; se comprometen a apoyar y fomentar la inversión, en aquellas empresas que cumplan con los criterios ASG, con el fin de ser catalogadas como ISR (Inversiones Socialmente Responsables), pero si éstas no cumplen con sus compromisos, no ven justo que se castigue a quienes las financian.
Es decir que, si se cumplen con los objetivos de la política ambiental de la UE y aumentan la financiación de proyectos no contaminantes, de actividades verdes y de desarrollos sostenibles, pretenden que se les den incentivos, pero que no se los castigue en caso de no hacerlo o hacer lo contrario.
Este debate está en todo su apogeo con la participación de la CE, el BCE, el Parlamento y el Consejo.
