Merced a este convenio, las zonas beneficias recibirán una inversión global de 24 millones de euros a invertir hasta el año 2012, aportados al 50% entre ambas Administraciones, que redundarán en el desarrollo socioeconómico del territorio.
La rúbrica de hoy supone que Aragón duplica las comarcas que se beneficiarán de fondos para el desarrollo de planes de desarrollo rural sostenible. Desde 2008 ya se benefician de estos planes piloto las comarcas de Maestrazgo, Cuencas Mineras, Comunidad de Calatayud, Cinco Villas y La Jacetania, y dada la buena experiencia de estos proyectos para el territorio, en el seno de la Comisión Mixta Bilateral de Medio Ambiente del pasado mes de abril, se decidió ampliar el número de convenios en Aragón.
Así, en total Aragón recibirá 41 millones de euros que van a beneficiar a 13 comarcas aragonesas, para desarrollar actuaciones de implantación de energías renovables; turismo rural, recursos hídricos, actividades relacionados con la ganadería y la agricultura, así como otras actuaciones de interés municipal o comarcal que fomenten el empleo local.
En el caso de la Reserva de la Biosfera, el objeto adicional de las acciones será conseguir compatibilizar los objetivos de desarrollo socioeconómico y de conservación del patrimonio natural, y contribuir al cumplimiento de los fines de la Reserva de la Biosfera.
Boné ha expresado su satisfacción por esta firma y por el desarrollo de los convenios que ya están en marcha por los 41 millones de euros de inyección económica que van a suponer para resolver los problemas del territorio de abajo arriba, ya que estos convenios abarcan iniciativas que surgen del propio territorio. Además, el consejero ha subrayado que esta es la primera vez que se cuenta con un programa consistente y con recursos para el desarrollo de las zonas rurales, que para Aragón puede suponer un impulso definitivo para nuestros territorios más periféricos.
El objetivo de estos convenio es servir como laboratorio en las que desarrollar estrategias de colaboración y cooperación entre las Administraciones, de las que se deriven modelos de acción, pautas de comportamiento, y directrices de aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Todo ello desde la óptica de compatibilizar los objetivos de conservación y respeto del patrimonio natural con los de desarrollo socioeconómico sostenible del conjunto de los territorios beneficiados.
