Luz verde para la tasa Robin Hood europea contra el cambio climático

Esta tasa consiste en un gravamen del 0,05 por ciento sobre las transacciones financieras que se realicen en los países firmantes. El dinero se destinaría a reducir las desigualdades sociales a nivel nacional e internacional, a combatir la pobreza y a luchar contra los efectos del cambio climático. De este modo, se calcula que, con la aplicación de esta tasa, se recaudarían más de 300.000 millones de euros en todo el mundo cada año.

En España, la Fundación Ideas tasa esta cifra en 6.300 millones de euros. El 0,05 por ciento sólo se aplicaría sobre las operaciones financieras no minoristas, como intercambio de acciones, bonos, operaciones en divisas o de materias primas, tanto en mercados organizados como en operaciones extrabursátiles.

En este sentido, la aprobación del nuevo documento por parte del Parlamento Europeo ha supuesto una gran noticia para las organizaciones no gubernamentales, pero también otros actores se ha sumado a la reclamación de este pequeño impuesto. Líderes mundiales como Sarkozy y Angela Merkel han mostrado su voluntad de defenderlo en los foros internacionales. Destacadas voces como Nancy Pelosi (portavoz del Senado de Estados Unidos), el ex presidente de Brasil Lula y más de 350 economistas de prestigio internacional como Stiglitz, Krugman o Sachs, así como George Soros han firmado posiciones públicas a favor.

Los adalides del gravamen justifican su apoyo basándose en que los fondos recaudados servirían para luchar por los objetivos del Milenio, entre los que se encuentran la erradicación de la pobreza y el hambre, fomentar la educación y la igualdad, y el financiamiento de estudios contra el cambio climático. 

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Existen ya ejemplos de impuestos similares, como el que grava con dos euros los billetes de avión para luchar contra el Sida en países emergentes y que fue aprobado en 2009 por once países europeos, entre ellos Francia. Por su parte, Bruselas ha puesto recientemente sobre la mesa una cuestión que, entre unas cosas y otras, lleva estancada 20 años.
 
El objetivo es introducir en la Unión Europea un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de aquellos sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión como el transporte o la vivienda. Los países nórdicos ya aplican este tipo de tasa en el ámbito nacional pero Reino Unido, Polonia e Irlanda se han mostrado reacios en repetidas ocasiones a que la fiscalidad sea una cuestión que se decida a escala comunitaria en lugar de nacional.

CAMINO ALLANADO.

En relación a esta materia, y aunque está todavía lejos de llevarse a la práctica, comienzan a cobrar importancia las- en su día ignoradas- conclusiones del controvertido informe Stern que destacan la necesidad de que se necesita una inversión equivalente al 1 por ciento del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático y que de no hacerse dicha inversión el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20 por ciento del PIB global.

El informe también sugiere la imposición de ecotasas para minimizar los desequilibrios socioeconómicos y afirma que «nuestras acciones en las décadas inmediatamente venideras pueden implicar el riesgo de una disrupción de la actividad económica y social durante el resto de este siglo y el siguiente, de una escala parecida a la de las grandes guerras y la Gran Depresión».

Sea como fuere, la propuesta de la tasa ‘Robin Hood’ resurge en un momento en el que el vínculo entre las cifras y la RSC es más estrecho que nunca. En el escenario europeo, la Inversión Socialmente Responsable representa una de las áreas de mayor crecimiento en los últimos años. Según datos del Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif), sólo en Europa la ISR ha crecido considerablemente durante los últimos ciclos expansivos, y en ese mercado representa ya casi un 20 por ciento de los activos gestionados.
 
La Inversión Socialmente Responsable se encuentra desde hace meses en el candelero, reflejada en iniciativas como la del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que emitió recientemente un dictamen en el que apuesta por una mayor regularización de la ISR, tratando de incorporar una mayor transparencia y un continuo proceso de evaluación.

www.fundacionentorno.org

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