El sistema europeo de alertas alimentarias RASFF detectó en febrero seis rechazos de envíos de cítricos importados por contener materias activas no autorizadas en la Unión Europea o por superar los límites permitidos. La Unió Llauradora denuncia que esos avisos han llegado justo cuando Bruselas ha decidido rebajar la frecuencia de varios controles a productos de Egipto y Turquía. Ahí está la contradicción que ha vuelto a encender el debate.
Según los datos difundidos por la organización agraria, cuatro cargamentos eran de Egipto, uno de Turquía y otro de Brasil. El RASFF recoge avisos oficiales por clorpirifos en naranjas egipcias, por clorpirifos-metil en mandarina turca y por demeton en limas de Brasil. Además, la UE no renovó en 2020 la aprobación de clorpirifos y clorpirifos-metil, de modo que ya no están autorizados en la agricultura comunitaria. Y no fue el único producto señalado. El mismo balance sumó también cinco rechazos de aguacates importados porcadmio. No es un detalle menor.
Conviene añadir un matiz importante. Una notificación de «rechazo en frontera» significa que la partida ha sido detectada y rechazada en la entrada exterior de la UE por un riesgo para la salud. Es decir, no implica por sí sola que ese lote acabara en el supermercado. Para el consumidor esto cambia bastante la lectura. El sistema funciona, pero también deja claro que el problema sigue apareciendo.
Qué cambia en los controles de pesticidas
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/194 rebaja del 20% al 10% los controles a las naranjas de Egipto. También reduce del 30% al 20% los controles a los limones y naranjas de Turquía, y del 20% al 10% los de mandarinas, clementinas, «wilkings» e híbridos similares. La Comisión justifica estas rebajas porque, según sus datos, ha mejorado el cumplimiento. Pero hay un detalle que llama la atención. En ese mismo reglamento, Bruselas incorpora las fresas de Egipto a la lista de productos con controles reforzados del 20% por la aparición de nuevos riesgos ligados a posibles residuos de plaguicidas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el mapa del riesgo no está precisamente cerrado.
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Lo que denuncia el sector
La Unió habla abiertamente de «competencia desleal». Su argumento es sencillo y se entiende rápido. Los agricultores europeos trabajan con normas fitosanitarias cada vez más estrictas, mientras siguen entrando partidas de terceros países con residuos de sustancias que aquí ya no están autorizadas. Por eso la organización pide elevar hasta el 50% los controles físicos y de identidad a frutas y hortalizas de países con más interceptaciones, mantener esa presión al menos durante doce meses y suspender temporalmente las importaciones si las alertas aumentan un 5% en ese periodo. También reclama revisar la política comercial de la UE con terceros países.
En el fondo, la discusión va mucho más allá de una naranja o una mandarina. Afecta a la confianza en los controles, a la salud pública y también al equilibrio del mercado cuando la campaña europea compite con fruta importada. Bruselas sostiene que el cumplimiento ha mejorado. El sector replica que los rechazos de febrero dicen otra cosa. Y esa diferencia, con costes al alza y márgenes cada vez más estrechos en el campo, pesa.
Las notificaciones oficiales del RASFF y el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/194 del que parte esta información han sido publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.
