El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha confirmado ante el Pleno del Congreso que el Gobierno va a mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el anterior Ejecutivo PSOE contra la regulación de 2008 de Vivienda de Galicia, que afecta a los asentamientos rurales costeros gallegos, y que las defiende frente a la Ley de Costas.
Según ha explicado, el problema es que se trata de asentamientos tradicionales, pertenecientes a un municipio, pero que están dispersos dentro del mismo término municipal de la costa gallega, unas circunstancias que se tradujeron en la calificación de su suelo de ‘no urbanizable’ y quedaron con ello afectados tras la extensión a los 100 metros de la servidumbre de protección en la Ley de Costas.
Así lo ha manifestado en su turno de exposición en una interpelación formulada por la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, sobre cuáles son los planes del Gobierno a la hora de modificar la Ley de Costas que ha prometido, dado que actualmente existe la problemática de que la Ley de Costas estableció 100 metros para la servidumbre de protección dominio público marítimo terrestre, en lugar de los 20 que fija la Ley para suelos urbanos.
Igualmente, Arias Cañete ha argumentado que el Gobierno mantendrá el recurso porque debe defender las competencias del Estado en la materia, si bien ha insistido en que es «consciente» del problema y de la necesidad de abordarlo en la modificación de esta normativa de 1988.
«Se les ha aplicado una servidumbre de 100 metros y no de 20, un régimen muy rígido. Vamos a estudiar las propuestas y hay que explotar las posibilidades que se abren con la ley de costas», ha agregado.
Sobre esta base, ha prometido que el Gobierno realizará un diagnóstico «preciso» en colaboración junto con la Xunta de Galicia y que intentará buscar una solución a todos aquellos conflictos que se produzcan en casos construidos antes de 1988.
Arias Cañete ha destacado a su vez que la reforma de la Ley de Costas es un «objetivo prioritario» de este Ejecutivo, como lo es también promover el desarrollo económico de las zonas costeras, eso sí, siempre y cuando éste sea compatible con una protección ambiental en el tiempo.
ENCE: «UNA SITUACIÓN PECULIAR»
En respuesta de la interpelación, Cañete también ha hecho referencia al caso concreto de la empresa gallega ENCE, en la ría de Pontevedra, sobre la posible ampliación de sus concesiones, que caducan en 2018.
De hecho, ha aclarado que el Gobierno está estudiando todos los casos, porque el proyecto de ley no está redactado todavía, y se está viendo la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones a 30 años, previstos en la ley y que comenzarán a expirar en 2018, aunque teniendo en cuenta siempre las excepciones, como la de esta empresa.
«ENCE tiene una situación muy peculiar porque ocupa una parcela de dominio marítimo terrestre desde 1958, que tras la entrada en vigor de la Ley de costas finalizará en 2018. Además, la situación jurídica actual está marcada por una sentencia de la Audiencia Nacional de 2011, condenando a la administración a la incoación del expediente de caducidad y a la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades», ha agregado.
NO AMPLIAR CONCESIÓN A EMPRESAS CONTAMINANTES
La diputada nacionalista gallega, por su parte, ha adelantado que el BNG apoyará una modificación de la Ley de Costas pero no la ampliación de las concesiones a empresas contaminantes.
Así, ha recordado que la concesión a esta factoría caduca en 2018, y ha avisado al Gobierno de que la anunciada reforma de la Ley de Costas sería la oportunidad idónea para denunciar la recuperación de dicha ría gallega, ya que ENCE está en dominio público marítimo terrestre.
«La demanda del BNG responde a un clamor social que ha llevado a un importante activismo social, político y ecologista motivado por la preocupación social por el deterioro de la ría», ha agregado.
En este sentido, le ha preguntado si, aprovechando la modificación de la Ley de Costas, piensa renovar la concesión a la empresa, si hay algún tipo de presión por parte de la empresa en este sentido, o si se ha reunido con la fábrica para su traslado.
El debate de esta interpelación tendrá como consecuencia el texto de una moción, que el BNG tendrá tiempo de registrar hasta finales de esta semana, para su debate ante el próximo Pleno del Congreso después de Semana Santa, más concretamente el martes, día 10.
ECOticias.com – ep