MAGRAMA pretende recortar la protección preventiva de nuestro medio ambiente

 

SEO/BirdLife considera que el proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental analizado en primera lectura en el Consejo de Ministros celebrado hoy supone un recorte en la protección preventiva del medio ambiente, además de ser su ejecución irrealizable por parte de las administraciones españolas.

 

Algunos de los puntos cuestionables del texto estudiado por el Consejo de Ministros son:

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1)    La Ley permite tramitar por procedimiento simplificado proyectos con un potencial impacto muy elevado (por ejemplo, el desmantelamiento de un reactor nuclear que se lleve a cabo mediante un método innovador).

2)    Los plazos son irreales e irrealizables. Por ejemplo el Ministerio tendría que evaluar el impacto de una central nuclear en un plazo máximo de 4+2 meses (procedimiento ordinario) y una instalación para la producción de energía en medio marino en tan solo 3 meses (procedimiento simplificado).

3)    Vulnera la Directiva Europea al exceptuar de evaluación los proyectos que determine el Consejo de Ministros.

4)    Genera una gran inseguridad jurídica a los promotores al postergar hasta la información pública (casi al final del procedimiento) la decisión del contenido, extensión y definición del proyecto.

5)    Incluye unas Declaraciones de Impacto Ambientales modificables a petición del promotor.

6)    Crean un banco de conservación de hábitats para las medidas compensatorias, que la creación de un mercado financiero de activos medioambientales basados en actuaciones sobre la biodiversidad con un carácter mercantilista.

7)    Eliminación de la participación de las ONG en la determinación del alcance de los estudios de impacto ambiental y de los estudios ambientales estratégicos.

 

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, considera que el anteproyecto de ley que propone el Gobierno “es un modelo sin precedentes en la legislación europea”.

 

“Van a ser declaraciones de impacto ambiental exprés que van a cargar de inseguridad jurídica a la administración y al promotor. Se pretende reducir el número de expedientes y lo que puede ocurrir es exactamente lo contrario”, añadió la directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

 

Asunción Ruiz afirmó: “Una reforma de este calado no puede hacerse sin tener previamente un buen diagnóstico y consultando a todos los actores clave como son las comunidades autónomas, los empresarios, las consultoras y las ONG. Sólo así se podrán valorar adecuadamente las afecciones sociales, ambientales y económicas de un proyecto”.

 

SEO/BirdLife solicitará la retirada de este anteproyecto y el inicio de un nuevo proceso de redacción en el que se tengan en cuenta a todas las partes.

ECOticias.com

 

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