Según han recordado los ecologistas, la edificación ilegal, que fue denunciada en 1996, está en pleno Parque Natural y se alquila como vivienda turística por 50.000 euros a la semana.
El Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN) ha informado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha iniciado, a instancias de la formación ecologista, los trámites para la demolición forzosa de la mansión ubicada en Es Corb Marí, en Ses Salines.
Según han recordado los ecologistas, la edificación ilegal, que fue denunciada en 1996, está en pleno Parque Natural y se alquila como vivienda turística por 50.000 euros a la semana.
El GEN ha destacado que, ante el «incumplimiento sistemático» de las sentencias de demolición de las obras ilegales, optaron por personarse como parte interesada en el trámite de ejecución de la sentencia «para evitar que la absoluta desidia de las administraciones implicadas, que nunca han mostrado el más mínimo interés en restaurar la legalidad, comportara durante más tiempo estos incumplimientos».
Así, han recordado que hace un año el GEN se personó en el caso»en vista de la nula voluntad de las instituciones para restablecer la zona natural afectada por estas obras». También han destacado que el TSJB dictaminó su ilegalidad y en 2013 se descubrió que la vivienda era comercializada como residencia turística en una web extranjera.
Por ello, han destacado que además de vulnerarse la ley con la construcción de la vivienda, no se detectó ninguna voluntad de los implicados en acatar la sentencia, obteniendo además unos beneficios ilícitos.
Ahora, la formación ha conocido la notificación del inicio de los trámites para la ejecución forzosa de la sentencia, requiriéndose al presidente del Consejo, Vicent Serra, que aclare qué ha hecho en el ejercicio de sus competencias entorno a este tema.
El escrito del Tribunal advierte de multas coercitivas al presidente insular, de entre 150 y 1500 euros, si hace caso omiso de dicho requerimiento. El Gen ha explicado que el Consejo ha remitido un escrito al TSJB manifestando que es al Ayuntamiento de Sant Josep a quien le corresponde la demolición del inmueble.
Los ecologistas han exigido además que se restablezca el lugar a su estado natural, en la medida que sea posible.
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