Frente a este concepto encontramos el de consumidor vulnerable, el cuál es necesario distinguir puesto que una situación de vulnerabilidad energética tiene en cuenta las necesidades personales del individuo, la edad, situaciones de discapacidad o enfermedad, el domicilio, etc. y por tanto no necesariamente estas personas tienen que encontrarse en situación de pobreza energética.
Estamos en plena Navidad y mientras, por una parte, calles y plazas de multitud de ciudades se iluminan (no siempre con los criterios de eficiencia deseables) por otra, encontramos a una parte de la población que sufre dificultades para cubrir sus necesidades mínimas en el uso de la energía principalmente en lo que hace referencia a calefacción. Y es que, pese a que para una mayoría disponer de luz pulsando el interruptor puede resultar una acción cotidiana, mecánica y casi inconsciente, existe un número creciente de familias afectadas por la pobreza energética para las que detrás de ese gesto puede encontrarse una acción que, de entrada, debe ser mucho más meditada.
Si buscamos la definición de pobreza energética ésta se refiere a la incapacidad de un hogar para satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía que cubran sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C como mínimo en invierno y 25º C como máximo en verano) así como de disponer de otros servicios esenciales como la iluminación, Internet u otros dispositivos.
Frente a este concepto encontramos el de consumidor vulnerable, el cuál es necesario distinguir puesto que una situación de vulnerabilidad energética tiene en cuenta las necesidades personales del individuo, la edad, situaciones de discapacidad o enfermedad, el domicilio, etc. y por tanto no necesariamente estas personas tienen que encontrarse en situación de pobreza energética.
La situación en Europa
Si revisamos los datos cuantitativos se estima que en Europa hay, como mínimo, 50 millones de personas afectadas por la pobreza energética. La estrategia europea para el 2020 potencia la protección de los consumidores para garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre el consumo así como medidas de ahorro.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó ya en 2011 un dictamen sobre “La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica” con objeto de abordar esta problemática y entre las medidas planteadas se encontraban un Observatorio Europeo de la Pobreza, la creación de un Fondo Europeo de Solidaridad Energética o el impulso de una campaña de información y concienciación a nivel europeo.
Desde la Comisión Europea se crearon dos directivas: Directivas 2009/72/CE y2009/73/CE que instaba a los Estados miembros a abordar la pobreza energética en sus políticas y establecer una serie de planes que palien esta situación.
La situación en España
Centrándonos en España y tomando como fuente un estudio de 2014 de laAsociación de Ciencias Ambientales, se estima que más de un 15% de la población española sufre pobreza energética. Un porcentaje muy alto y que da idea de la dimensión del problema que adquiere la condición de drama social cuando se traduce su impacto a las muertes vinculadas al mismo.
Si analizamos uno de los aspectos que determinan la pobreza energética, como es la calidad de la edificación, los estudios determinan que un 50% del parque de vivienda en España está construido sin criterios de eficiencia energética y casi el 17% presenta humedad, goteras u otros problemas derivados de un mal aislamiento.
Por parte del Gobierno se han establecido una serie de medidas entre las que se encuentran la rehabilitación de edificios, planes Renove y la emisión de certificados energéticos que por el momento han supuesto mejoras en lo referente a aspectos de eficiencia energética pero no han sido suficientes para reducir los niveles de pobreza energética.
En 2009 entró en vigor otra de las medidas del Gobierno, el Bono Social, mediante la publicación del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se establecían ayudas a las familias que cumplieran una serie de requisitos: viviendas con potencias contratadas inferiores a 3 kW, desempleados, familias numerosas y pensionistas, no obstante, se está planteando la necesidad de una redefinición de lo considerado en el mismo como “cliente vulnerable” para que se extienda a todos los consumidores que se puedan ver afectados por situaciones de pobreza energética.
Y las soluciones
Cuando se plantea esta problemática es habitual asociarla a las comercializadoras de energía y centrarlo exclusivamente en un problema de corte de suministro por impago. Ni todos los cortes que llevan a cabo las comercializadoras afectan a personas en situación de pobreza energética ni estas compañías tienen las herramientas para conocer la situación real que existe detrás de cada impago que provoca esa medida.
Por la dimensión y características de este grave problema social, las decisiones que se tomen para ayudar a los consumidores afectados deben ser reguladas por las Cortes y desarrolladas por el Gobierno y acatadas, en su caso, por las comercializadoras. Es un tema de Estado que va más allá del funcionamiento del sistema eléctrico.
Personalmente creo que el primer paso de todas estas acciones sería la puesta en marcha de una serie de medidas preventivas en materia de eficiencia energética, empezando por la rehabilitación energética de los edificios cuyo estado a estos efectos siempre inciden en la pobreza energética como he apuntado. En segundo lugar la regulación debe determinar los indicadores de esta situación de pobreza energética y la forma de actuar de los agentes sociales, desde los servicios de atención social hasta las compañías suministradoras de energía porque la pobreza energética es una lacra de la sociedad actual que nos incumbe a todos.
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