La UE está decidida a reforzar su competitividad a largo plazo y mantener intactos sus objetivos económicos, sociales y medioambientales. Un marco regulador más sencillo, en el que la UE simplifique determinadas normas y leyes, es un componente clave de esta labor, ahora la ‘Eurocámara’ retrasa los planes de Bruselas.
Además de reducir la carga administrativa, permitirá a las empresas de la UE prosperar e impulsar un entorno de inversión más innovador, el Parlamento Europeo rechazó el informe que avalaba suavizar los requisitos de sostenibilidad.
El llamamiento a la simplificación procede del más alto nivel político de la UE. En los últimos años, los dirigentes de la UE en el Consejo Europeo han señalado en varias ocasiones la necesidad de simplificar las normas para impulsar la competitividad de la UE a largo plazo, y han subrayado la importancia de adoptar para las normas de la UE un enfoque de simplicidad desde su concepción, una propuesta muy criticada por ONG y sindicatos.
La Eurocámara retrasa los planes de Bruselas para simplificar las normas de sostenibilidad
El pleno del Parlamento Europeo rechazó este miércoles por una estrecha mayoría el informe que avalaba suavizar los requisitos de sostenibilidad para las empresas europeas pese a que este había sido aprobado en comisión parlamentaria, lo que retrasará un posible acuerdo sobre una propuesta muy criticada por ONG y sindicatos.
Los eurodiputados bloquearon, con 309 votos a favor, 318 en contra y 34 abstenciones, el informe que debía fijar la posición del Parlamento Europeo para negociar con los Estados las iniciativas clave de la agenda de simplificación regulatoria planteada por la Comisión Europea en un esfuerzo de impulsar la competitividad del bloque.
Después de que las comisiones parlamentarias responsables dieran su visto bueno al informe con una mayoría de centro entre populares, socialdemócratas y liberales, cinco grupos y una treintena de socialistas a título individual se opusieron a que el ‘dossier’ fuese directamente a las negociaciones con los Estados y exigieron un voto en el pleno de este miércoles.
Conscientes de que dentro de la mayoría de centro había disensión en algunas delegaciones socialdemócratas, los Patriotas por Europa (ultraderecha) solicitaron que el voto de hoy fuese secreto para alentar al mayor número posible de eurodiputados a romper filas y forzar la reapertura del mandato negociador, algo que lograron con una diferencia de apenas nueve votos.
El voto de rechazo implica que las negociaciones con los países no podrán comenzar a finales de esta semana como estaba previsto y en su lugar vuelve a colocar el texto en la mesa de negociación y obligará a una nueva votación en el primer pleno de noviembre.
Esto puede abrir la puerta a una batería de enmiendas para -según qué grupo de la oposición las presente- reforzar o debilitar el texto, así como a que el Partido Popular Europeo pase de elegir a sus aliados centristas a intentar una mayoría con los ultraconservadores y la extrema derecha.
Aunque el voto ha sido secreto, el hecho de que varias delegaciones socialdemócratas hubieran expresado sus dudas antes del voto tensa aún más la complicada relación en la coalición que sostiene a Ursula von der Leyen después de que el líder popular, Manfred Weber, dejara caer que los socialdemócratas que lidera Iratxe García deben demostrar que «son de fiar» en materia legislativa.
«He trabajado duro con los partidos de la coalición para encontrar una solución de compromiso. Como saben, había un compromiso alternativo sobre la mesa pero finalmente opté por mantenerme con la coalición. Ahora le toca a los socialdemócratas aclarar cómo ven este resultado y su relación con los partidos de la coalición«, dijo el responsable del texto, el popular sueco Jörgen Warborn.
Las próximas dos semanas serán claves para encontrar un nuevo compromiso y Warborn aseguró que hará todo lo posible para que sea asumible para el «centro» del espectro político europeo.
Menos obligaciones sobre ‘sostenibilidad’ para las empresas
En concreto, en el informe rechazado los eurodiputados habían establecido su posición sobre las propuestas de la Comisión Europea para simplificar la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida corporativa en materia de sostenibilidad (CSDDD).
En cuanto a la primera, que exige a las grandes empresas a presentar informes sobre su sostenibilidad medioambiental y social, los eurodiputados apoyaban elevar los umbrales para que solo estén obligadas las que superen los 1.000 empleados o los 450 millones de euros de facturación neta anual, lo que supone recortar en un 80 % el número de empresas obligadas a informar.
En el caso de la Directiva de diligencia debida, que exige a las grandes empresas mitigar sus efectos adversos sobre el medioambiente o los derechos humanos, los eurodiputados abogaban por aplicarla solo a las firmas con más de 5.000 empleados y una facturación neta anual superior a los 1.500 millones de euros, así como a empresas extracomunitarias que superen esos umbrales en la UE.
Asimismo, pedían limitar la responsabilidad civil de las empresas cuando causen daños, de modo que sean juzgadas conforme al derecho nacional y no al de la UE. EFE / ECOticias.com
