La Unión Europea está enfrentando crecientes críticas por lo que muchos perciben como un retroceso en sus compromisos verdes: recientes propuestas legislativas buscan rebajar los requisitos de sostenibilidad y reducir el número de empresas sujetas a obligaciones ambientales y sociales.
La medida forma parte del plan de simplificación regulatoria impulsado por la Comisión Europea y el Consejo, que busca aliviar la carga administrativa y mejorar la competitividad de las compañías europeas en un contexto global cada vez más desafiante.
La UE se aleja de volverse más verde debido a sus medidas contradictorias
La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respaldó este lunes suavizar los requisitos de sostenibilidad para las empresas en la UE y aplicar estas obligaciones a un menor número de compañías con el fin de simplificar las normas e impulsar la competitividad del bloque.
Los eurodiputados se pronunciaron, en concreto, sobre las propuestas de la Comisión Europea para simplificar la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, en inglés) y la Directiva sobre diligencia debida corporativa en materia de sostenibilidad (CSDDD).
En cuanto a la primera, que exige a las grandes empresas a presentar informes sobre su sostenibilidad medioambiental y social, los eurodiputados apoyan elevar los umbrales para que solo estén obligadas las que superen los 1.000 empleados o los 450 millones de euros de facturación neta anual.
Esto supone recortar en un 80 % el número de empresas obligadas a informar, indicaron en un comunicado. Además, plantean simplificar los estándares de información actuales para centrarlos en datos cuantitativos y reducir así la carga financiera.
Para las empresas que no estén obligadas por la directiva, la presentación de informes será voluntaria y, con el fin de que las grandes firmas no trasladen las exigencias a las más pequeñas, se prohibirá a las primeras solicitar información más allá de la ofrecida voluntariamente.
En cuanto a la Directiva de diligencia debida, que exige a las grandes empresas mitigar sus efectos adversos sobre el medioambiente o los derechos humanos, los eurodiputados abogan por aplicarla solo a las firmas con más de 5.000 empleados y una facturación neta anual superior a los 1.500 millones de euros, así como a empresas extracomunitarias que superen esos umbrales en la UE.
Asimismo, piden limitar la responsabilidad civil de las empresas cuando causen daños por infringir la directiva, de modo que sean juzgadas conforme al derecho nacional y no al de la UE. Y apoyan que las multas máximas para las compañías que incumplan sea del 5 % de su facturación anual global, mientras que actualmente la directiva fija en ese porcentaje la sanción mínima en caso de infracción.
Apuestan, no obstante, por seguir obligando a las empresas a presentar planes de transición climática para alinearse con el Acuerdo de París sobre reducción de emisiones, algo considerado clave por muchas ONG.
El texto, que fija la posición del Parlamento para negociar los cambios con los Estados miembros, fue aprobado con 17 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
Contó con el respaldo del Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas y liberales de Renovar Europa, pese a que durante las negociaciones existió la posibilidad de que el PPE se apoyase en la extrema derecha de Patriotas por Europa para sacar adelante un acuerdo, lo que habría supuesto configurar una mayoría alternativa a la que avaló un segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión.
Por su parte, los Verdes anunciaron que rechazarían el texto por considerar que «cruza demasiadas líneas rojas» y desmantela las normas de sostenibilidad y la rendición de cuentas.
Bruselas defiende que su propuesta permitiría ahorrar 6.300 millones de euros en costes a las empresas sin renunciar por ello a los objetivos del Pacto Verde.
Pero organizaciones ecologistas y de la sociedad civil, sindicatos y académicos critican que se trata de una «desregulación» que socavará los avances climáticos y sociales en la UE y no contribuirá a la competitividad, puesto que reducirá la información corporativa disponible.
Los defensores de la medida argumentan que la excesiva burocracia europea desincentiva la inversión, frena la innovación y perjudica a las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con normativas complejas.
Sin embargo, organizaciones ecologistas, sindicatos y eurodiputados verdes advierten que este giro supone un retroceso en los compromisos del Pacto Verde Europeo, debilita la transparencia corporativa y pone en riesgo los objetivos climáticos de la UE. EFE / ECOticias.com
