El último atestado sobre la trama de hidrocarburos sostiene una intermediación con el director general de Política Energética y Minas, pero los metadatos apuntan a otro usuario y el ministerio niega cualquier vínculo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó en su último informe sobre la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama una deducción que afecta a un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que, según el propio rastro técnico citado en el sumario, descansa en una identificación errónea.
El atestado, fechado el 3 de diciembre de 2025, sostiene que Aldama “contactó” e “intermedió” con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, poco antes de que la empresa de su socio aportara documentación en el expediente de la licencia de Villafuel. Ese pasaje es uno de los apoyos con los que la unidad policial apunta a la “posible penetración” de la organización en el ministerio, en una causa que instruye la Audiencia Nacional.
Un error de identificación en el informe de la UCO
La clave de la controversia es técnica. Los agentes dicen basarse en “mensajes borrados” localizados en un teléfono incautado a Aldama, en una conversación mantenida en WeChat. La UCO no logró recuperar el contenido de ese intercambio, pero sí un código que, según su interpretación, permitiría inferir el nombre del contacto.
En el pantallazo de ese rescate aparece la palabra inglesa stranger (desconocido) junto al nombre “Manuel García Maroto”, un detalle que, de acuerdo con especialistas en programación consultados en la investigación, cambia el sentido del indicio.
El término stranger, explican, se asocia a un usuario que no figura en la agenda del receptor, lo que sugiere que “Manuel García Maroto” sería el nombre que el propio interlocutor se asignó en la aplicación, y no un contacto guardado por Aldama como sostiene el atestado.
El informe añade además otro salto interpretativo. Donde la UCO escribe que fue Aldama quien “contactó”, las fuentes consultadas señalan que el código recuperado apunta a que el mensaje lo envió el interlocutor. Ese matiz, aparentemente menor, es relevante en una pieza judicial en la que el peso de los indicios es determinante.
El alto cargo señalado niega cualquier relación
La mención afecta a Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas desde junio de 2020, un puesto con competencias sobre la ordenación de los sectores energético y minero. Ministerio de Transición Ecológica y Fuentes del ministerio sostienen que el alto cargo no ha mantenido contacto alguno con Aldama, ni en persona ni por mensajería.
El propio atestado subraya que el director general es el “superior jerárquico” del subdirector que instruía el expediente, pero, según fuentes de la investigación, no consta por ahora ningún indicio que incrimine al responsable y la unidad no plantea actuaciones concretas respecto a él.
Villafuel y la licencia en el mercado mayorista de hidrocarburos
El contexto de fondo es la búsqueda de una autorización para operar como mayorista. Según el sumario, Villafuel intentó obtener la licencia entre 2021 y 2022 y se topó con rechazos por falta de solvencia. La documentación del expediente sitúa la primera solicitud el 13 de enero de 2021 y la concesión final en septiembre de 2022, tras una cadena de requerimientos y recursos.
La tramitación se apoya en una declaración responsable y en la verificación posterior por la Administración, un procedimiento que el ministerio detalla en su sede electrónica en la ficha de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos.
Ministerio para la Transición Ecológica En paralelo, y tras la detención de Aldama y Claudio Rivas en octubre de 2024 por un presunto fraude a Hacienda de 182 millones, el Gobierno acordó la inhabilitación de Villafuel, que quedó fijada en el BOE en febrero de 2025 mediante la Orden TED/113/2025.
Lo que está en juego más allá del nombre
El episodio trasciende el equívoco nominal. En una investigación sobre corrupción, tráfico de influencias y presunta compra de voluntades, la robustez de la evidencia digital es crucial, también cuando se trata de metadatos. El último informe de la UCO sostiene que la trama destinó alrededor de un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro José Luis Ábalos y a “permeAR” en estructuras administrativas, un relato que ha ampliado el foco sobre varios ministerios.
En ese contexto, un indicio basado en una lectura discutible de WeChat puede convertirse en un flanco para la defensa y en una prueba de estrés para la propia investigación. La causa discurre, además, en un clima político en el que se acumulan investigaciones por corrupción con ramificaciones institucionales, un marco que amplifica el impacto público de cada matiz técnico y cada rectificación necesaria.
Como telón de fondo sectorial, la regulación energética española ha ido endureciendo y afinando obligaciones de los mayoristas y su supervisión, desde la discusión sobre la Ley de Hidrocarburos hasta el empuje regulatorio hacia combustibles renovables y el marco de la Ley del Cambio Climático, que también condiciona el perímetro del sector y su fiscalización.
