Las demandas estratégicas contra la participación pública conocidas como SLAPP, en su terminología inglesa, son una forma de acoso, generalmente a través de procedimientos judiciales, con las que las grandes corporaciones y los poderes públicos tratan de acallar a periodistas, medios de comunicación, denunciantes de irregularidades y defensoras de los derechos humanos, así como a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas, investigadores y académicos para disuadirles de ejercer su derecho de opinión.
Aunque se conocen desde los años 70, fue a finales de la década de los 80 cuando una profesora y un profesor norteamericanos comenzaron a utilizar este término. En la actualidad se han convertido en un fenómeno preocupante tanto por el elevado número de SLAPP identificadas como por las consecuencias de todo tipo que tienen sobre las personas que las sufren.
Constatamos, por lo tanto, que el uso de las SLAPP se ha convertido en una verdadera amenaza contra la libertad de expresión, derecho humano recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y protegido la Constitución de la inmensa mayoría de las naciones del mundo entero.
El primer paso
David Casa, eurodiputado del partido nacionalista de Malta y miembro del grupo del Partido Popular Europeo, fue el primero en pedir que se legislase sobre las SLAPP: «Todo empezó con la periodista Daphne Caruana Galizia. Fue objeto de demandas y acciones judiciales que buscaban silenciarla y detenerla por investigar corrupción de alto nivel, pero todo empezó realmente tras su asesinato», explica.
Caruana investigaba a Pilatus Bank, un banco que servía para blanqueo de dinero. Murió asesinada por un coche bomba. Tras su asesinato, el banco envió cartas a diferentes medios de comunicación malteses con amenazas de demandas.
La ley aprobada por el Parlamento Europeo proporciona salvaguardias contra los procedimientos judiciales manifiestamente infundados y abusivos. Los Estados miembros podrán imponer sanciones a quienes abusen del sistema jurídico en beneficio propio. Además, el demandante tendrá que correr con los costes de tales procedimientos, que a menudo se utilizan como arma para intimidar a los críticos.
¿Cómo reconocer una SLAPP?
Las SLAPP responden a una serie de características comunes. La desigualdad entre las partes es una de ellas: «Los demandantes suelen ser políticos poderosos o gente de negocios con recursos para silenciar a sus críticos», explica el eurodiputado David Casa.
También el uso de fundamentos legales «como la difamación, la injuria o daños civiles para promover demandas que buscan desgastar económica, financiera y emocionalmente a la contraparte y generar que sean amedrentadas», dice Javier Graña, experto en gobernanza y derechos humanos.
Además, entre las características de estas demandas está la petición de multas desorbitadas, como explica Lady Jaramillo, investigadora, coordinadora de proyectos y experta en SLAPP en Businnes and Human Rights Resources Center: «Las compensaciones que piden tienen como único objetivo intimidar y no demostrar que hay un daño como tal».
Energy Transfer contra Greenpeace: una SLAPP de ‘tapa de libro’
En 2016 se produjo en Estados Unidos la mayor movilización indígena en más de cien años. El motivo, la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que cruzaba una reserva sioux. Miles de personas acamparon durante meses mostrando su disconformidad por una construcción que podría suponer un peligro para el río Missouri y el suministro de agua para la tribu sioux Standing Rock.
En 2020, la empresa Energy Transfer demandó a Greenpeace por pagar a manifestantes para que interrumpieran ilegalmente su construcción y «difundir falsedades». Este mes de marzo la justicia ha condenado a la ONG, que tendrá que pagar 660 millones de euros.
Vicky Granado, vicepresidenta de Enery Transfer, ha mostrado su satisfacción con el veredicto: «Estamos muy satisfechos de que la ONG haya tenido que rendir cuentas por sus acciones contra nosotros y de que el jurado haya reconocido que no se trataba de protestas pacíficas y respetuosas con la ley, como la organización intentó alegar.
Nuestra victoria es compartida con los habitantes de Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvieron que vivir el acoso y los trastornos diarios causados por los manifestantes financiados y formados por la ONG. También es una victoria para todos los estadounidenses respetuosos con la ley que entienden la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y la infracción de la ley. Que la organización haya sido declarada responsable es una victoria para todos nosotros«.
Greenpeace ha anunciado que va a recurrir. Es el primer caso en el que se podrá ver cómo funciona en la práctica la directiva anti-SLAPP.
«Estados Unidos tiene varios estados donde existe una legislación anti-SLAPP pero Dakota del Norte -donde se produjeron las manifestaciones- no tiene», explica Javier Graña. Además, insiste en que Energy Transfer «es una empresa petrolera con mucho poder económico y vínculos políticos con el gobierno de Estados Unidos» y que por tanto cumple con las características del demandante. Algo que David Casa ratifica. «¿Es el caso de Energy Transfer contra Greenpeace un ejemplo de SLAPP?», «Sí, absolutamente».
