Antecedentes: un jurado popular dictó que la organización Greenpeace debe pagar más de 660 de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo.
El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por Energy Transfer, que le acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos.
La empresa petrolera Energy Transfer, con sede en Dallas (EE.UU.), atravesó los campos de petróleo del oeste de Dakota del Norte, EE.UU., hasta el sur del estado de Illinois. Cientos de personas pertenecientes a la tribu sioux de la reserva india de Standing Rock se manifestaron en contra de la construcción.
Energy Transfer demandó a Greenpeace por apoyar unas protestas de la tribu sioux contra la construcción de un oleoducto de la compañía en sus tierras en 2016: ahora un jurado popular reclama a Greenpeace el pago de 660 millones de dólares, un grave precedente contra el derecho a la protesta.
660 millones de dólares por su apoyo a las manifestaciones de la tribu sioux en 2016 en contra un oleoducto de la petrolífera Energy Transfer
Esta mañana, activistas de Greenpeace han desplegado una enorme pancarta de 66 m2 frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid con el mensaje “We will not be silenced” (“No nos callarán”, en castellano). Una protesta pacífica en apoyo a Greenpeace USA y Greenpeace Internacional, que el pasado día 19 fueron declaradas culpables por un jurado de Dakota del Norte que les insta a pagar 660 millones de dólares por su apoyo a las manifestaciones encabezadas por la tribu sioux en 2016 en contra de la construcción de un oleoducto por parte de la empresa petrolífera Energy Transfer.
Greenpeace advierte de que este caso sienta un precedente muy peligroso en el derecho a la protesta y la libertad de expresión, pero confirma que el proceso no termina aquí: Greenpeace USA recurrirá en Estados Unidos y Greenpeace Internacional ya ha demandado a Energy Transfer ante los tribunales en los Países Bajos, haciendo uso por primera vez de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea.
Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea
Con esta acción, Greenpeace España envía un mensaje alto y claro a todas las corporaciones que sientan deseos de seguir los pasos de Energy Transfer: “Las organizaciones activistas y las personas defensoras del planeta no vamos a desaparecer, el mundo es un poquito mejor gracias a nuestro trabajo. No conseguirán callar a los millones de personas que nos apoyan en nuestro trabajo y en nuestras acciones”, ha añadido Saldaña.
No es la primera vez que amenazan a Greenpeace: en estos más de 50 años de historia, la organización ha sido bombardeada, encarcelada, disparada, insultada… Este año se conmemora el 40 aniversario del hundimiento del buque insignia de la organización, el Rainbow Warrior, a causa de dos bombas que los servicios secretos franceses lanzaron para impedir las protestas contra unas pruebas nucleares y que asesinaron al fotógrafo portugués Fernando Pereira. Greenpeace ha superado esto y mucho más: no se puede hundir un arco iris.
En este nuevo paradigma global, Greenpeace alerta de la cada vez más común irrupción de actores en el ámbito jurídico como las petroleras que defienden sus intereses económicos utilizando métodos inmorales como las demandas estratégicas contra la participación pública (o SLAPPs), un arma jurídica que permite a empresas y corporaciones silenciar y desgastar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, políticas y sociales.
Esto tiene un impacto directo en la criminalización del derecho a la protesta y la libertad de expresión, ambos derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Estados Unidos es el país donde Greenpeace llevó a cabo su primera acción de protesta pacífica, concretamente en Amchitka, Alaska, en 1971. Medio siglo después, la supervivencia de Greenpeace USA está gravemente amenazada en un complejo contexto político encabezado por el presidente Donald Trump, cuya campaña fue financiada, entre otros, por Kelcy Warren, cofundador y presidente de Energy Transfer.
“Para Greenpeace España, la defensa de la libertad de expresión y la protesta pacífica dentro y fuera de nuestras fronteras se convierte en una prioridad hoy más que nunca. Necesitamos un Greenpeace fuerte que siga luchando por un mundo más justo, más verde y en paz, un mundo en el que los derechos fundamentales estén garantizados. Las grandes petroleras y algunos gobiernos podrán intentar frenar a un solo grupo, pero no pueden detener a todo un movimiento. No retrocederemos ni un solo paso. No nos callarán”, ha concluido Saldaña.
