La aviación es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones globales de CO₂. Eso por no hablar de otros contaminantes atmosféricos como el NOₓ (óxido de nitrógeno) que se ha duplicado desde 1990 en la Unión Europea y las partículas finas (PM₂.₅) que han aumentado también (un 35 % desde 1990 para transporte europeo).
Esto solo es la punta del iceberg de la contaminación asociada al sector aéreo y por la que diversos grupos ecologistas llevan tiempo mostrando su oposición al respecto. Una oposición que ahora se suma al reciente plan anunciado por parte del ejecutivo central con el que pretende ampliar la capacidad de algunos aeropuertos gestionados por Aena. Para ello, maneja un presupuesto de 13000 millones de euros.
No a la ampliación de los aeropuertos contaminantes
Diversas entidades ecologistas rechazan el anuncio del presidente del Gobierno de un plan de inversión histórico de casi 13.000 millones de euros para la modernización y ampliación de capacidad de la red de aeropuertos gestionados por Aena. A su juicio, es una decisión que choca frontalmente con los compromisos adquiridos como país.
Mientras se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y en un contexto en el que España ha asumido el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte un 42 % para 2030 respecto de 2005, el Gobierno español ha anunciado un plan que sigue reforzando el transporte más contaminante. Este anuncio es incompatible con la lucha contra la emergencia climática y supone un retroceso en los esfuerzos para reducir las emisiones del sector del transporte, el más emisor de la economía española, con una contribución 32,6 %[1] al total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España.
Para las organizaciones, ampliar aeropuertos supone estimular de forma directa el aumento de vuelos y, por tanto, de emisiones y de contaminación local, afectando al clima, a la salud de las personas y a la biodiversidad de los territorios donde se ubican. Según recientes estudios, la contaminación producida por los aviones sería la causa de 52.205 casos de hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.340 de demencia en torno a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.
«El anuncio de la mayor inversión aeroportuaria de la historia justo durante la Semana Europea de la Movilidad lanza, además, un mensaje claro de incoherencia, en el que el discurso sobre la movilidad sostenible se queda en un plano simbólico, mientras se sigue apostando por el crecimiento del transporte más contaminante por pasajero-km transportado», han afirmado.
Entre 2013 y 2019, las emisiones del sector aéreo en España aumentaron un 45 %, muy por encima de otros países como Francia (18 %), Alemania (16 %) o Reino Unido (19 %). En 2024, el transporte aéreo de España fue el segundo con más emisiones de toda la Unión Europea (UE): generó 22,6 millones de toneladas de CO₂, lo que equivale a casi la mitad de todas las emisiones de Suecia en ese año.
¿A qué aeropuertos afecta el plan?
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, presentado ayer por Pedro Sánchez, contiene, entre otras, intervenciones encaminadas a la ampliación de capacidad de 13 aeropuertos de la red de Aena en España: Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Madrid (ya con proyecto de ampliación), por un lado; y Barcelona, Málaga, Melilla, Valencia, Alicante, Santander, Bilbao, Menorca e Ibiza, por otro, en fase de diseño funcional.
Denuncian que los proyectos de ampliación de aeropuertos constituyen ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión. Esta visión de la movilidad promovida por el Gobierno se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática actual.
«Un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población, incluyendo especialmente a quienes disponen de menos recursos y no tienen acceso al avión, y no la rentabilidad económica de unos pocos operadores económicos».
Un problema social y ambiental contra el interés general
Las organizaciones firmantes han apuntado tres razones principales por las que exigen al Gobierno la cancelación del proyecto de ampliación de aeropuertos:
- Impactos climáticos y ambientales. Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en, al menos, un 55 % de aquí a 2030, respecto a los niveles de 1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que genera más emisiones de GEI por pasajero transportado. En 2019, el aeropuerto de Barcelona – El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO₂, más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía de la ciudad. Por su parte, el aeropuerto de Madrid-Barajas es el cuarto más emisor de toda la UE. Según diferentes estudios, las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat supondrían un aumento de las emisiones de CO.
- Impactos sociosanitarios en la población. A pesar de ser un problema frecuentemente invisibilizado, el transporte aéreo y la actividad aeroportuaria son una importante fuente de partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros. Numerosos estudios han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del rendimiento cognitivo.
- Destrucción de la naturaleza y proyectos en contra del interés general. Estos proyectos responden asimismo a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo, que tratan de obtener réditos a corto plazo en la crisis global actual. Un modelo que está en el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la destrucción del comercio de proximidad de los barrios, la precarización y explotación laboral, la contaminación del aire y sonora, el aumento exponencial en las emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y naturales.
Por todo lo anterior, las organizaciones y colectivos firmantes reclaman al Gobierno las siguientes actuaciones:
- La paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de la población y del planeta.
- La eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de la compañía a cargo del erario público y el cumplimiento de los objetivos climáticos.
- Su responsabilización en la gestión de las políticas de transporte en aras al interés general, dejando a un lado los intereses privados de entes como Aena.
- La redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de construir un modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que satisfaga las necesidades del conjunto de la población y respete los límites del planeta, dedicando las inversiones hacia aquellos modos más justos social y ambientalmente, que garanticen una movilidad sostenible al conjunto de la población.
En resumen, oposición frontal para un plan de ampliación de las infraestructuras de tráfico aéreo. En su lugar, estas entidades proponen detener estos proyectos en los 13 aeropuertos mencionados, limitar el número de operaciones aéreas, acabar con rutas domésticas si existe alternativa ferroviaria viable de hasta 4 horas, así como la prohibición o limitación de vuelos nocturnos, reducción progresiva de emisiones, políticas de transporte más sostenibles y justicia social en turismo. ECOticias.com
