Greenpeace cuestiona la prórroga de Almaraz por motivos de seguridad: el Consejo de Seguridad Nuclear fijó las pautas requeridas para que las empresas energéticas propietarias puedan tramitar una posible continuidad operativa en la planta de Almaraz antes de su clausura pactada.
Sin embargo, el informe oficial generó divisiones internas en el organismo regulador, tras la abstención de un consejero que fundamentó públicamente sus dudas operativas respecto a la tramitación de este expediente.
Diversas denuncias ecologistas señalan que la evaluación técnica de Almaraz omitió los análisis más actualizados sobre los incidentes recientes, apoyándose únicamente en las revisiones periódicas correspondientes a los períodos pasados y obviando los datos clave de seguridad.
La resolución sobre el cese definitivo programado para el período comprendido entre 2027 y 2028 queda totalmente en manos del Ejecutivo central, encargado de validar o rechazar esta solicitud.
Greenpeace cuestiona la prórroga de Almaraz por motivos de seguridad tras la publicación del acta
El pasado 23 de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó las condiciones que deberían cumplir Iberdrola, Endesa y Naturgy en caso de solicitar una ampliación de la autorización de explotación de los dos reactores de Almaraz, cuyo calendario de cierre está fijado actualmente para 2027 y 2028.
La decisión contó con el respaldo mayoritario del Pleno, aunque uno de sus cuatro consejeros, Francisco Castejón, optó por abstenerse y presentó una justificación pública en la que expone sus discrepancias sobre la tramitación del expediente.
Para la organización ecologista, este hecho demuestra que Greenpeace cuestiona la prórroga de Almaraz por motivos de seguridad al considerar que existen aspectos esenciales que no han sido evaluados con suficiente profundidad.
La ausencia de una nueva revisión periódica centra las críticas
Uno de los principales argumentos expuestos por Greenpeace se refiere a que el expediente se habría apoyado en la Revisión Periódica de Seguridad anterior, cuyo periodo de análisis finalizó en junio de 2018.
Según la organización, el CSN habría recurrido a un procedimiento gradual para completar la evaluación, revisando únicamente determinados aspectos considerados prioritarios sin realizar una revisión integral del funcionamiento de la central durante los últimos años.
Greenpeace sostiene que esta metodología deja sin analizar de forma sistemática acontecimientos relevantes registrados entre 2018 y 2026, lo que, a su juicio, limita la capacidad para valorar el estado actual de la instalación.
La organización denuncia incumplimientos pendientes en materia de seguridad
La organización ambiental también señala que la documentación del expediente refleja varios compromisos aún pendientes derivados de la autorización de explotación concedida en 2020.
Entre ellos cita cuestiones relacionadas con la independencia organizativa entre determinadas áreas técnicas, mejoras en sistemas de iluminación de emergencia, análisis de válvulas esenciales para la seguridad y la actualización de determinados estudios probabilísticos sobre incendios.
Asimismo, Greenpeace considera preocupante que parte de estas actuaciones permanezcan vinculadas a planes futuros en lugar de encontrarse completamente ejecutadas antes de valorar una posible extensión de funcionamiento.
Inversiones y personal, otro foco del debate
Otro de los aspectos destacados por la organización hace referencia al Plan Quinquenal de Inversiones presentado por las empresas propietarias.
Según Greenpeace, la planificación refleja un desplazamiento de algunas inversiones hacia los últimos años de operación y una evolución de las plantillas ajustada al mínimo necesario para cumplir las exigencias regulatorias.
La organización interpreta que esta situación podría incrementar la necesidad de vigilancia por parte del regulador en caso de prolongarse la actividad de la central.
El futuro de Almaraz dependerá ahora del Gobierno
Aunque el CSN ha emitido un informe favorable acompañado de condiciones obligatorias para las empresas propietarias, la decisión definitiva sobre una eventual continuidad corresponde al Gobierno de España.
Greenpeace insiste en que la central debe mantener el calendario actualmente previsto de cierre ordenado de sus dos reactores durante 2027 y 2028, al considerar que la documentación conocida no justifica una ampliación de la vida útil.
Por el contrario, el regulador sostiene que la instalación podría continuar operando siempre que las empresas cumplan todas las condiciones técnicas establecidas en su resolución.
La publicación del acta del Consejo de Seguridad Nuclear ha reactivado el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. Mientras el organismo regulador considera técnicamente viable una eventual continuidad condicionada de Almaraz, Greenpeace interpreta que el expediente presenta importantes limitaciones relacionadas con la actualización de la evaluación de seguridad.
La decisión final quedará en manos del Ejecutivo, que deberá valorar tanto el contenido del informe del CSN como las posiciones enfrentadas sobre el futuro de una central cuyo calendario oficial de cierre continúa fijado para 2027 y 2028.
Greenpeace cuestiona la prórroga de Almaraz por motivos de seguridad: te lo contamos todo en 15 segundos
¿Por qué Greenpeace critica la prórroga de la central de Almaraz?
Porque considera que la evaluación del CSN se realizó sin una nueva Revisión Periódica de Seguridad y mantiene que existen aspectos técnicos pendientes de analizar.
¿Qué decidió el Consejo de Seguridad Nuclear sobre Almaraz?
El CSN aprobó un informe favorable condicionado que fija una serie de requisitos obligatorios para las empresas propietarias si solicitan ampliar la vida útil de la central.
¿Cuándo está previsto el cierre de la central nuclear de Almaraz?
El calendario actualmente vigente contempla el cierre de los dos reactores entre 2027 y 2028, salvo que el Gobierno autorice una modificación.
¿Quién tiene la última palabra sobre el futuro de Almaraz?
Aunque el CSN emite los informes técnicos, la decisión final sobre una posible ampliación de la autorización de explotación corresponde al Gobierno de España.
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