Un grupo de organizaciones ecologistas se ha comunicado con a la Secretaría General de Pesca demandando que la propuesta de Real Decreto en tramitación que versa sobre el reparto de las cuotas pesqueras se revise en profundidad, para garantizar una transición justa hacia la pesca de bajo impacto.
Se pide un modelo más justo que favorezca la incorporación de las mujeres al sector y el relevo generacional, que incentive artes de pesca más seguras y selectivas, que impulse el arraigo en las zonas costeras y el empleo de calidad y que promueva la protección y preservación del ecosistema marino, entre otras medidas.
Reparto de cuotas pesqueras
Las principales organizaciones ambientales demandan que se establezca un reparto equilibrado y transformador de las posibilidades pesqueras entre los diferentes tipos de artes. Un modelo más justo que favorezca el relevo generacional y la incorporación de las mujeres al sector.
Incentive artes pesqueras más selectivas y con menos capturas incidentales de especies amenazadas; que impulse la creación de empleo de calidad y el arraigo en las zonas costeras; y que contribuya decisivamente a la conservación y restauración del ecosistema marino.
Las organizaciones entienden que en el borrador del Real Decreto en tramitación sobre la asignación de posibilidades de pesca (que decide cuánto puede pescar cada barco) puede convertirse en una herramienta clave para alcanzar un modelo pesquero más sostenible, justo y transparente.
Según sus criterios, el planteamiento del Real Decreto va en la buena dirección, aunque es poco ambicioso, y se corre el riesgo de mantener el statu quo y sin capacidad de cambios reales en una transición social y ambiental justa. Por ello, reclaman al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cambios sustanciales en el enfoque del borrador.
En palabras de las organizaciones: Todas las partes relacionadas con la actividad pesquera —responsables políticos, pescadores/as y organizaciones ambientales—coincidimos en el diagnóstico y en señalar la difícil situación que enfrenta la pesca artesanal, que se traduce en la pérdida de actividad en muchas comunidades costeras.
Desde 2014, la Política Común de Pesca ofrece una herramienta, a través de su artículo 17, que permite incentivar una actividad pesquera con menor impacto ambiental y que desempeñe un papel esencial en las economías locales. Sin embargo, esta opción apenas se ha utilizado hasta el momento.
Planteamiento
Las organizaciones piden enmendar el texto en cuatro pilares fundamentales:
- Incentivos reales para prácticas responsables. Incorporar criterios que premien activamente la reducción de capturas accidentales y de las emisiones de CO₂, así como la incorporación de la mujer al sector y el relevo generacional.
- Un reparto más equitativo. Elevar al 20 % el porcentaje mínimo asignado a cada una de las tres categorías de criterios que se emplean para la asignación de las posibilidades de pesca a los buques (económico, ambiental y social).
- Participación y transparencia. Reforzar la participación con la creación de un Comité Asesor de Gestión de Cuotas, permanente y multidisciplinar, y la publicación de todos los detalles de los repartos en una web pública.
- Compromisos. Establecer un horizonte temporal concreto (2030) con objetivos claros y medibles para garantizar la implementación del Real Decreto.
Este Real Decreto, en lo que respecta a los criterios para el reparto de cuotas pesqueras, representa una gran oportunidad para avanzar hacia la pesca de bajo impacto y alto valor social, que enriquezca a las comunidades costeras y no solo a las grandes empresas.
Esto solo será posible con un Real Decreto renovador, con criterios transparentes, objetivos cuantificables y fechas concretas, capaz de sentar las bases de un sistema de reparto que premie buenas prácticas pesqueras, y no a quienes más pescan, declaran las organizaciones.
Además del RD, se modifican varias regulaciones, entre las que se encuentran medidas técnicas como el aumento de las dimensiones de las redes de enmalle, palangrillo y palangre. Las organizaciones muestran su preocupación por estas medidas, que en algunos casos supondría duplicar, incluso triplicar, el esfuerzo pesquero sin que se aporte una justificación científica o estudio socioeconómico.
Lamentan que el texto actual desaprovecha la oportunidad de priorizar buenas prácticas ambientales y sociales y sugieren que se incluyan: incentivos reales para prácticas responsables, un reparto más equitativo con un porcentaje del 20 % mínimo asignado para cada categoría de criterios, un sistema de participación y transparencia eficiente y que se asuman compromisos concretos a 2030 con objetivos claros y medibles. ECOticias.com
