Originalmente, la Ley Contra la Deforestación Importada (adoptado en 2023) debía comenzar a aplicarse el 30 de noviembre de 2024. Sin embargo, en esa fecha ya se aprobó un primer aplazamiento formal para su entrada en vigor, fijándose la nueva fecha para finales de diciembre de 2025 para grandes empresas, y junio de 2026 para pequeñas y medianas empresas. Pero, de nuevo, promesas incumplidas.
La Unión Europea ha anunciado su intención de aplazar un año más la entrada en vigor de este reglamento destinado a evitar que productos importados al mercado comunitario procedan de zonas deforestadas o de bosques degradados.
Un nuevo incomplimiento de la UE contra la deforestación importada
La Comisión Europea anunció este martes que buscará retrasar otro año la entrada en vigor de la nueva legislación comunitaria para frenar la deforestación importada, porque el Ejecutivo no ha logrado simplificar suficientemente la normativa.
«A pesar de nuestros esfuerzos en materia de simplificación, seguimos sin conseguirlo plenamente. Creemos que no podemos lograrlo sin que haya cierta disrupción para nuestras empresas y nuestras cadenas de suministro (…). Buscaremos, junto con los colegisladores, un aplazamiento de un año», declaró este martes la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca de un 10 % es atribuible al consumo europeo.
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles y, originalmente, debería haber entrado en vigor el 30 de noviembre de 2024. Las compañías que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales allí donde se han obtenido los recursos.
Pero hace un año, entre presiones de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen acordó una primera prórroga de algo más un año, hasta finales de diciembre de 2025, para que se empezaran a aplicar las normas a las grandes compañías, y hasta junio de 2026 para las pequeñas empresas.
Los Estados miembros y el Parlamento Europeo aceptaron aquella prórroga, que fue ampliamente criticada por la izquierda y los ecologistas, entre ellos por el que fuera comisario de Medioambiente cuando se redactó y negoció la ley en 2023, el ahora europarlamentario verde lituano Virginijus Sinkevicius. Meses después, en mayo de 2025, la Comisión publicó la controvertida lista de países cuyas exportaciones a la Unión Europea de los productos contemplados por la ley puedan generar deforestación en origen, pero solo incluyó en la categoría de «riesgo alto» a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.
Y a tan solo tres meses de su entrada en vigor, Bruselas ha vuelto a pisar el freno a una ambiciosa normativa medioambiental, que se suma a otros repliegues del Pacto Verde, como dar mayor flexibilidad a los fabricantes de automóviles en la reducción de CO2 o suspender la tramitación de las normas contra el ecopostureo. La comisaria de Medioambiente aseguró que al Ejecutivo le preocupa el «volumen de información» que debe introducirse en el «sistema informático» que sustenta la normativa.
«Necesitamos tiempo para combatir el riesgo derivado de la sobrecarga de información en el sistema informático», dijo este martes la cristianodemócrata sueca. Preguntada si el retraso se debe a las presiones de Estados Unidos, Roswall negó que la decisión tenga que ver con las maniobras de la Administración de Donald Trump, ni tampoco con el acuerdo comercial concluido este lunes entre Indonesia y la Unión Europea.
«No, no, no está vinculado en absoluto. Y además fue una discusión que, quiero decir, mantenemos con muchos Estados, no solo con EE. UU., en todo el mundo (…), así que no está relacionado», afirmó. La comisaria, que ahora debe obtener el acuerdo de los Veintisiete y de la Eurocámara para posponer otra vez la ley, aseguró que el Ejecutivo comunitario sigue comprometido contra la deforestación.
Fuentes europeas insistieron en que el retraso responde a «un problema informático», ya que el sistema, diseñado por la Comisión y utilizado en una veintena de iniciativas en curso, debe procesar hasta diez veces más declaraciones de las esperadas inicialmente. Los ecologistas, sin embargo, otorgan escasa credibilidad a esa justificación técnica y lo comparó con la excusa de «el perro se ha comido mis deberes».
Así, agregan que el retraso «generaría enormes costes para todas aquellas empresas que ya han invertido en el cumplimiento, así como una pérdida de credibilidad» y «una gran vergüenza» para Ursula von der Leyen.
Esta ley que por ahora sigue en stand by iría a frenar el consumo de la UE en este sentido, siendo además el responsable de aproximadamente un 10 % de la deforestación mundial. El aplazamiento se ha visto con críticas por parte de eurodiputados y grupos ecologistas que consideran que esta normatividad es símbolo clave del compromiso europeo con el medio ambiente, biodiversidad y cambio climático, y que la dilación puede interpretarse como una cesión frente a presiones de los sectores productivos, de países exportadores, políticos de la derecha y ultraderecha. EFE / ECOticias.com
