La Ley de Movilidad Sostenible ha superado un importante trámite: cuenta ya con la aprobación del Congreso de los Diputados tras obtener el respaldo de la mayoría del bloque de investidura; eso sí, ni PP ni Vox se encuentran entre los que han dado luz verde a esta normativa.
El contenido de la misma tiene como objetivo dar un empuje importante a la descarbonización del transporte, además de garantizar la movilidad como un derecho ciudadano, mientras el sector se digitaliza y se mejora la eficiencia del gasto público en este sentido.
A pesar de los populares y de Vox, la Ley de Movilidad Sostenible sigue su camino
La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos-, con el apoyo del llamado bloque de investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG) y el PP y Vox en contra.
Considerada una ley imprescindible para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático, esta norma da así un nuevo paso en su tramitación, que empezó hace casi tres años, en la pasada legislatura, y que depende de los votos de Podemos para su ratificación en el pleno. La ley busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.
Durante el debate, el PSOE ha dicho que el texto es fruto del diálogo en torno a las casi 800 enmiendas presentadas por los grupos, de las que se han incorporado algunas para reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las comunidades autónomas y entidades locales en la planificación y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.
La socialista Cristina López Zamora ha destacado también que esta ley permitirá que España cumpla con sus compromisos europeos en sostenibilidad y transición energética y ha subrayado que incluye una disposición que «desmonta el bulo del PP de que el nuevo mapa concesional iba dejar sin autobuses a miles de pueblos en España».
A ese respecto, la disposición transitoria segunda establece que el nuevo mapa incluirá todos los servicios de transporte público estatal y que, si algún recorrido pasa a ser de competencia autonómica, la comunidad podrá asumirlo como servicio propio con el apoyo financiero del Ministerio de Transportes para garantizar que se mantenga.
La diputada del PP Ana Martínez Labella ha replicado que esta ley es un «parche apresurado para contentar a Bruselas» y ha recordado que el «gran handicap» para su grupo es lo relativo al mapa concesional de autobuses. A su juicio, el texto aprobado no «blinda» la eliminación de paradas ni la financiación y es «poco ambicioso», «impreciso», «insuficiente» e «inútil para la realidad del país».
Entre las novedades más destacadas de esta ley está la rebaja del umbral de empresas obligadas a elaborar planes de movilidad; además, las estaciones de servicio tendrán que contar con instalaciones de recarga eléctrica más potentes. Otro de los puntos nuevos de esta esta ley es la inclusión de casi una veintena de enmiendas transaccionales para electrificar puertos, promover electrolineras e incorporar mecanismos de apoyo a regiones insulares. EFE / ECOticias.com
