La movilidad activa queda fuera de la Ley de Movilidad Sostenible y esa es la principal denuncia lanzada por organizaciones ecologistas, sindicales, ciclistas y sociales que alertan de una situación que consideran incompatible con los objetivos de descarbonización, salud pública y sostenibilidad defendidos por la propia normativa.
Las entidades denuncian que los nuevos órganos de gobernanza previstos por la Ley 9/2025 relegan completamente a peatones y ciclistas, otorgando el protagonismo a las infraestructuras tradicionales y al transporte motorizado. Para los colectivos firmantes, esta exclusión pone en riesgo la transformación real del modelo de movilidad en España.
Para avanzar hacia ciudades más sostenibles, saludables y equitativas, es fundamental que las políticas públicas reconozcan y promuevan estos modos de desplazamiento, alineándose con los objetivos de protección del medio ambiente y mejora de la calidad de vida urbana.
La movilidad activa queda fuera de la Ley de Movilidad Sostenible
Organizaciones sociales, ecologistas y sindicales advierten de que la nueva gobernanza de la movilidad ignora a quienes impulsan el transporte sostenible y la descarbonización.
Las organizaciones firmantes denuncian que los borradores que regulan el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, el Foro Territorial y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) eliminan cualquier representación directa de la movilidad activa.
Según alertan, los modos de transporte vinculados al automóvil y las infraestructuras convencionales concentran más del 70 % de la capacidad de decisión.
Mientras tanto, la movilidad peatonal y ciclista recibe un preocupante 0 % de representación directa.
Para los colectivos afectados, esta situación contradice el espíritu de una ley que nació precisamente para impulsar una movilidad más sostenible, saludable y eficiente.
Las organizaciones denuncian un modelo centrado en el vehículo motorizado
Los colectivos consideran que la Administración continúa apostando por un enfoque tradicional basado en el vehículo privado y las grandes infraestructuras.
A su juicio, esta visión deja en segundo plano alternativas fundamentales para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
Además, sostienen que las decisiones futuras podrían seguir favoreciendo modelos poco compatibles con los objetivos climáticos nacionales y europeos.
La ausencia de representación directa dificulta que las necesidades de peatones y ciclistas sean consideradas durante los procesos de toma de decisiones.
La exclusión también afecta a colectivos vulnerables
Las críticas no se limitan únicamente al ámbito del transporte activo. Las organizaciones alertan de que tampoco existe una presencia adecuada de colectivos especialmente afectados por las políticas de movilidad.
Entre ellos destacan la infancia, las personas mayores, quienes asumen tareas de cuidados y las personas con menos recursos económicos.
También echan en falta la participación de entidades vinculadas a la salud pública, la protección ambiental, la accesibilidad y la cohesión social.
Según los firmantes, una movilidad verdaderamente sostenible debe diseñarse pensando en las personas y no únicamente en las infraestructuras.
La participación pública no puede convertirse en un simple trámite
Otro de los puntos centrales de la denuncia se refiere al funcionamiento de los procesos participativos.
Las organizaciones sostienen que cada vez resulta más frecuente que las consultas públicas se limiten a cumplir requisitos administrativos sin una valoración real de las aportaciones recibidas.
Por ello reclaman que las administraciones expliquen de forma transparente qué alegaciones aceptan, cuáles rechazan y cuáles son los motivos de cada decisión.
La transparencia, aseguran, es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Movilidad sostenible, salud y clima: una oportunidad que no debe perderse
Las entidades recuerdan que la movilidad activa aporta beneficios directos para la salud, la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático.
Caminar y desplazarse en bicicleta contribuye a reducir emisiones contaminantes, disminuir la congestión urbana y mejorar la calidad de vida en ciudades y pueblos.
Además, favorece una movilidad más accesible y económica para amplias capas de la población.
Por ello consideran imprescindible que estos modos de transporte tengan presencia permanente en los órganos donde se definirán las políticas futuras.
Las organizaciones exigen cambios antes de la aprobación definitiva
Las entidades recuerdan que la movilidad activa aporta beneficios directos para la salud, la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático.
Los colectivos firmantes solicitan que se corrija la actual composición de los órganos de gobernanza.
Entre sus propuestas figura la creación de secciones permanentes especializadas en movilidad activa e intermodalidad, con capacidad real de participación y voto.
También reclaman que las aportaciones de la sociedad civil organizada sean incorporadas de forma efectiva a los procesos de decisión.
A su juicio, la Ley de Movilidad Sostenible solo podrá cumplir sus objetivos si quienes promueven diariamente la movilidad sostenible forman parte de las estructuras donde se diseñan las políticas públicas.
La polémica sobre la gobernanza de la nueva ley evidencia que la transformación de la movilidad no depende únicamente de aprobar normas, sino también de quién participa en las decisiones. Las organizaciones sociales consideran que dejar fuera a quienes representan la movilidad activa supone una contradicción difícil de justificar en pleno contexto de emergencia climática.
La resolución de este conflicto marcará en gran medida la capacidad real de la Ley de Movilidad Sostenible para impulsar un modelo más saludable, accesible y respetuoso con el medio ambiente. Para los colectivos firmantes, la sostenibilidad no puede construirse sin la voz de quienes la impulsan cada día sobre el terreno.
Solo así se podrá garantizar una movilidad verdaderamente sostenible que beneficie a toda la sociedad.
Ley de Movilidad Sostenible en 15 segundos
¿Quiénes han presentado la denuncia?
ConBici, Promoció del Transport Públic, Ecologistas en Acción, Greenpeace, UGT, Andando y CCOO.
¿Cuál es la principal crítica?
Que la movilidad activa no cuenta con representación directa en los nuevos órganos de gobernanza.
¿Qué porcentaje de representación tendría la movilidad activa?
Según denuncian las organizaciones, actualmente sería del 0 %.
¿Qué reclaman los colectivos?
Participación efectiva, representación permanente y capacidad de decisión dentro de los órganos creados por la ley.
¿Por qué consideran importante esta participación?
Porque caminar y utilizar la bicicleta son herramientas clave para la descarbonización, la salud pública y la sostenibilidad.
