Este viernes entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que pretende redefinir el transporte en España para orientarlo hacia un modelo más sostenible, accesible e inclusivo. Según lo que establece la ley, la movilidad se reconoce como un derecho de la ciudadanía: no solo se trata de permitir desplazamientos, sino de garantizar que todas las personas puedan moverse con seguridad, eficiencia y respeto al medio ambiente.
Entre sus objetivos principales están la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes, la mejora de la calidad del aire urbano, la disminución del ruido, y la promoción de modos de transporte más sostenibles: caminar, bicicleta, transporte público, transporte compartido, y vehículos de bajas o cero emisiones cuando el uso del vehículo privado sea inevitable.
También pone énfasis en la intermodalidad —es decir, combinar distintos modos de transporte según conveniencia— y en un uso más racional del espacio público con esta movilidad sostenible.
Cómo la Ley de Movilidad Sostenible redefine el transporte en España y acelera la neutralidad climática
Este viernes entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible, que pretende que varios sectores alcancen la neutralidad climática en 2050, con medidas como la posible reducción de los vuelos con alternativa ferroviaria y los planes de movilidad obligatorios para grandes empresas.
La ley tiene por objeto establecer las condiciones para que ciudadanos y entidades dispongan de un sistema de movilidad que contribuya a «una mayor cohesión social y territorial, un desarrollo económico resiliente y la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes».
Qué cambia ahora para empresas y ciudades con la llegada de los nuevos requisitos de movilidad sostenible
Entre otras medidas, permite que los municipios que así lo deseen introduzcan una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites de emisiones o las categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.
Este viernes entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible, que pretende que varios sectores alcancen la neutralidad climática en 2050.
En el plazo de veinticuatro meses, las empresas deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 trabajadores, o 100 por turno.
Además, el Gobierno dispondrá de una Estrategia Estatal de impulso del uso de la bicicleta, promocionándola para la movilidad cotidiana y el turismo, «valorando su potencial en el último tramo del reparto de mercancías» e instalando aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en intercambiadores y estaciones.
Por qué la alternativa ferroviaria podría sustituir a parte de los vuelos domésticos
La Ley dice que antes de seis meses el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentará un estudio para impulsar la reducción de los vuelos domésticos «en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales«.
Siguiendo la enmienda que introdujo el PP en el Senado y que aprobó el Congreso con los votos también de Vox, ERC, Junts y Podemos, se recuperarán desde el 1 de enero de 2026 los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones aprobadas en julio de 2024.
Con ello, se garantizan nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia. Desde julio se exigían retrasos de 90 o 60 minutos para recuperar todo o la mitad del billete.
Qué implica el nuevo Sistema General de Movilidad Sostenible para la ciudadanía
El título I de la ley crea el Sistema General de Movilidad Sostenible para facilitar «el ejercicio del derecho a la movilidad, elemento necesario para poder ejercer otros derechos constitucionales».
Se establece la necesidad de incluir la movilidad sostenible en el sistema educativo y se fomenta el diseño de itinerarios urbanos seguros a los centros escolares.
La ley recoge las obligaciones para la optimización energética de terminales de transporte, talleres y otras infraestructuras, así como la utilización de energías renovables en dichas instalaciones. Se analizará la viabilidad de dotar a determinadas vías de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público, vehículos de alta ocupación o cero emisiones.
El Gobierno tendrá que elaborar antes de dos años una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte para facilitar a toda la sociedad el acceso a los servicios públicos y actividades esenciales.
Por qué las nuevas movilidades —carsharing, transporte a demanda y vehículos autónomos— tendrán más protagonismo
Se apuesta por políticas públicas que integren los servicios tradicionales de transporte público, por carretera y ferrocarril, con los nuevos servicios de movilidad.
El texto incluye como nueva categoría de transporte público de personas el transporte a la demanda, que permitirá a las Administraciones públicas ajustar la prestación de servicios de transporte a las necesidades de zonas con escasa demanda
Asimismo, incluye como un supuesto de arrendamiento de vehículos sin conductor la actividad del uso temporal de vehículos, conocida como ‘carsharing’.
Se apuesta por políticas públicas que integren los servicios tradicionales de transporte público, por carretera y ferrocarril, con los nuevos servicios de movilidad.
La ley sienta las bases para regular la futura operación de los vehículos automatizados de pasajeros y mercancías en vías públicas y promueve la realización de pruebas de esta tecnología.
Las administraciones podrán además introducir mecanismos como la tasa a vehículos altamente contaminantes que circulen por zonas de bajas emisiones, lo que incentivará la renovación del parque automovilístico hacia opciones más limpias.
En definitiva, la Ley busca transformar desde sus cimientos cómo nos movemos: priorizando la sostenibilidad ambiental, la equidad social, la cohesión territorial y la salud pública. Si se implementa correctamente, esta normativa puede marcar un antes y un después para lograr una movilidad más justa, verde y eficiente en España —y sentar las bases para un transporte que responda a los desafíos climáticos y sociales del siglo XXI. Seguir leyendo en ECOticias.com / EFE
