Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional: estos son los 10 principios, no negociables, de los derechos de las generaciones futuras, uno de los objetivos del Ministerio de Juventud e Infancia en esta legislatura es desarrollar la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, que recoja y atienda las preocupaciones y necesidades de los y las jóvenes.
El pasado 24 de enero de 2024, la ministra, Sira Rego, ya señaló el objetivo de desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
Ahora organizaciones civiles y ecologistas se han reunido con la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El objetivo de este encuentro fue dialogar sobre el Proyecto de Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, que abordará, entre otros temas fundamentales, la crisis ecosocial y los derechos de las generaciones futuras.
El Gobierno tiene previsto presentarlo en el Congreso de los Diputados este año
Las organizaciones, que ya participaron en la consulta pública previa de la ley, han aprovechado la reunión para presentar a la ministra sus propuestas basadas en los 10 principios para la defensa de los derechos de las generaciones futuras. Estos principios buscan garantizar un enfoque integral de la justicia, que abarque aspectos sociales, ambientales, territoriales e intergeneracionales.
Es fundamental que la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional siente las bases para que los derechos de la ciudadanía del futuro no se vean comprometidos por las decisiones del presente. Abogan por políticas que prioricen el principio de la ecodependencia, la suficiencia y la seguridad humana, garantizando un planeta habitable para todas las personas.
En este sentido, en este encuentro se ha destacado la importancia de incorporar una visión a largo plazo en las decisiones y las políticas públicas, así como en la necesidad de garantizar los derechos de las generaciones futuras en ámbitos como el acceso a la vivienda, la autonomía económica, la protección social y la lucha contra la crisis ecológica y climática. En definitiva, garantizar una vida digna con acceso a los recursos necesarios para las generaciones futuras.
Esta ley debe ser un instrumento para transformar el modelo económico y social hacia un modelo al servicio de las personas y el planeta, promoviendo la suficiencia, la interdependencia y la esperanza. Necesitamos políticos que garanticen vidas dignas, tanto ahora como en el futuro, y que impulsen una transición ecosocial justa.
Para estas organizaciones, además, esta reunión representa una oportunidad clave para participar en el diseño de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional y colaborar en la defensa de los derechos de las generaciones futuras.
La importancia de la participación de la juventud en la vida democrática. Si se les facilitan los canales y si se les trata como sujetos de pleno derecho que son, los y las jóvenes tienen mucho que decir y quieren hacerlo. No se puede diseñar el mundo del mañana sin contar con quienes serán sus protagonistas.
Los 10 principios no negociables son:
- Ecodependencia: Reconoce que la estabilidad del planeta depende de procesos naturales interconectados (límites planetarios). El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son críticos. Se deben detener proyectos extractivistas, proteger y restaurar los ecosistemas, calculando límites de emisiones de carbono para no superar los 1.5° C de calentamiento global y regenerar los principales ciclos biofísicos.
- Interdependencia: El cuidado mutuo es esencial. El derecho al cuidado debe ser público y colectivo, reconociendo el valor de los trabajos de cuidado y facilitando la conciliación de la vida personal y laboral. Se debe garantizar el cuidado a lo largo de la vida, más allá de los roles familiares tradicionales.
- Suficiencia: Todas las personas deben tener lo necesario para una vida digna. Las generaciones futuras también deben tener acceso a estos recursos. Esto implica reducir la producción de bienes innecesarios y eliminar la obsolescencia programada.
- Precaución y prevención: Ante la falta de información sobre posibles daños ambientales, se debe actuar con cautela. La valoración de riesgos debe impedir actividades potencialmente dañinas si el peligro está fundamentado. Además, hay que tomar medidas para prevenir problemas futuros, no solo para resolverlos después.
- Dignidad de la vida y el bien común: El derecho a una vida digna, que incluye las necesidades básicas, culturales y de libre expresión, debe ser prioritario. El territorio debe sostener la vida, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses económicos.
- Seguridad humana: La seguridad implica satisfacer las necesidades de todas las personas dentro de los límites del planeta. Se debe priorizar la vida en la Tierra sobre el poder, la acumulación de recursos y las inversiones de las élites.
- Participación y cocreación: Todas las personas afectadas deben participar en las decisiones que influyan en su futuro. Hay que fomentar la colaboración entre actores públicos y privados, asegurando la representación global de la sociedad para lograr el bienestar de las generaciones futuras.
- Reconocimiento, reparación y memoria: Se deben reconocer las deudas ecológicas con el Sur Global y reparar el daño causado, considerando perspectivas más allá de las occidentales. Asegurar que las injusticias del pasado no se trasladan al futuro. Garantizar el derecho a no migrar y también a migrar de forma segura.
- Diversificación: Se deben impulsar nuevas oportunidades de formación, trabajo e investigación ligadas a una economía transformadora, como base para una transición ecosocial que garantice el futuro.
- Esperanza activa: Es necesario promover visiones esperanzadoras del futuro (ecotopías) desde las instituciones, basadas en el apoyo mutuo y la resiliencia. Esto implica revisar la educación y colaborar con el arte y la cultura.
