Para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el ‘Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación’ obliga a las empresas a garantizar que sus productos no han provocado deforestación ni degradación forestal.
Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de ‘diligencia debida’.
Esta deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.
Tal y como solicitó el Parlamento, las empresas también tendrán que demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados.
Bruselas no retrasará la ley contra la deforestación importada, pero la flexibilizará
La Comisión Europea no pospondrá por un problema informático la implementación del ‘Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación’ un año más, como había anunciado, y la normativa se aplicará desde el 30 de diciembre de 2025, pero con algunas flexibilidades en las multas y en la burocracia.
El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario adoptó por procedimiento escrito este martes los cambios en el controvertido reglamento, que aún deben validar el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.
La normativa, que se adoptó en 2023 y originalmente debería de aplicarse desde el 30 de noviembre de 2024, busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
Conocido en jerga comunitaria como ‘Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación’, el reglamento afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
Polémico pasado
El texto, que no gusta a la Administración estadounidense de Donald Trump, había recibido críticas desde sus inicios también de otros países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Malasia o Canadá.
Además, hace un año, el reglamento fue criticado duramente por la ultraderecha y por el Partido Popular Europeo, la familia política de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pedían retrasarlo y suavizarlo, mientras que el Grupo Socialdemócrata y el de los Verdes exigían mantener el rumbo.
Tampoco le gustaba a la Confederación Europea de Industrias de la Madera pero defendían la normativa grandes productores de chocolate, como Nestlé, Mars Wrigley o Ferrero.
En medio de esa controversia, y con la legislación medioambiental perdiendo atractivo en Bruselas frente a conceptos como la competitividad o la defensa, hace un año la Comisión retrasó doce meses su implementación para facilitar su adopción por los «socios globales«.
Esa primera prórroga debía durar hasta finales de diciembre de 2025 para las grandes compañías y hasta junio de 2026 para las pequeñas empresas.
Pero la presión siguió creciendo y, el pasado mes de junio, pidieron una simplificación los ministros de Agricultura de dieciocho países de la UE (Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia).
En septiembre, el Ejecutivo anunció que había detectado un problema en los sistemas informáticos, incapaces de procesar el gran volumen de informes, y que necesitaría otro año adicional para resolverlo.
Los ecologistas acusaron a la Comisión Europea de intentar rebajar la ambición del ‘Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación’, tras haber suavizado ya otras normativas como las emisiones de CO2 de los coches en 2025 o el ecopostureo o la vigilancia a sostenibilidad en toda la cadena de valor de las empresas.
Tres nuevos cambios
Según fuentes comunitarias, el sistema informático podrá «estabilizarse» con las nuevas modificaciones introducidas. El primero de los tres grandes ajustes introducidos se refiere a la implementación de la ley, que no se retrasará en su conjunto y se aplicará desde el próximo 30 de diciembre.
Sin embargo, la versión retocada prevé que las multas no se apliquen hasta seis meses después de la entrada en funcionamiento del reglamento.
«Para garantizar, pese a todo, que las cosas serán controlables, o que la entrada en aplicación sea suave, posponemos seis meses los controles«, argumentan fuentes oficiales.
Además, se aliviará a las pequeñas y muy pequeñas explotaciones agrícolas y madereras aligerando la carga burocrática: solo harán una declaración de sus compras una vez al año y no en cada adquisición. A esos operadores se les concederá además una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2026.
«El paquete es muy específico y equilibrado» y mantiene el compromiso contra la deforestación«, declaró la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.
Los bosques, que desempeñan un importante papel contra el cambio climático capturando CO2, albergan además el 86 % de la biodiversidad terrestre mundial y proporcionan 86 millones de empleos en el mundo, según la información que maneja el Consejo de la UE a partir de datos de la ONU y de la FAO.
En 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque en el mundo, una superficie de masa forestal equivalente a la mitad de Inglaterra, según un informe elaborado por una coalición de oenegés y de grupos de investigación y difundido en vísperas de la cumbre climática COP30 de noviembre en Belém (Brasil). EFE
