El Real Decreto sobre Centros de Datos busca establecer un marco regulatorio claro para el desarrollo, la operación y la sostenibilidad de estas infraestructuras críticas. Los centros de datos son esenciales para la economía digital, pues alojan y procesan la información que sostiene servicios en la nube, plataformas de comunicación, comercio electrónico y aplicaciones de inteligencia artificial.
Una de las prioridades del decreto es reducir la huella ambiental de los centros de datos, tradicionalmente elevados consumidores de energía y agua. Y es precisamente en este punto donde ven ciertas lagunas a esta normativa diversas entidades ecologistas.
Regular de una vez por todas los centros de datos
En agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó el primer proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos en España, un sector que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de control normativo.
El proyecto de Real Decreto es una transposición de una directiva europea sobre eficiencia energética que obligará a los centros de datos a publicar información sobre su consumo de electricidad y agua potable, así como otros indicadores como la procedencia de la energía utilizada (incluyendo el porcentaje proveniente de fuentes renovables), la tipología de refrigerantes utilizados o el tipo de empleo directo e indirecto generado.
¿Cuánto contaminan estos centros de datos?
Diversos ecologistas y otras organizaciones por la lucha climática denuncian que la burbuja de centros de datos es un modelo insostenible que solo responde a la rentabilidad del oligopolio tecnológico (Amazon, Google, Meta, Microsoft), y que cuenta además con la complicidad de gobiernos autonómicos (como en el caso de Aragón) que facilitan el proceso administrativo para su implementación.
Un solo centro de datos consume hasta 19 millones de litros de agua al día, el equivalente al abastecimiento de una ciudad mediana como Teruel, en un país donde el 75% del territorio está en riesgo de desertificación. A ello se suma un consumo eléctrico creciente: actualmente representan un 3,5% del consumo mundial de electricidad y podrían alcanzar el 14% en 2040 con la expansión de la inteligencia artificial y la hiperdigitalización.
Por lo tanto, se trata de un modelo de negocio que amenaza con agravar aún más la crisis climática e hídrica en España.
Un Real Decreto con aspectos positivos, pero también con ciertas mejoras
Los colectivos firmantes creen que el Real Decreto supone un paso adelante al establecer por primera vez la obligación de que los centros de datos tengan que hacer pública la información sobre sus consumos. Este Real Decreto puede ser un avance importante, que va a permitir crear una base de datos europea que recoja todos los centros de datos del territorio y contribuya a una mayor transparencia y a frenar y regular la expansión masiva de instalaciones en el territorio español.
Aun así, consideran que el texto presenta importantes deficiencias en sus medidas que, aunque son interesantes, necesitan de más ambición para poder garantizar su efectividad. El RD se centra únicamente en el reporte de datos y no impone medidas para garantizar la veracidad de los mismos. Tampoco existen políticas complementarias que utilicen estos datos para una planificación a nivel estatal. Esperamos que esta sea la primera de una línea de legislaciones que limiten los impactos ecosociales de los Centros de Datos.
Las organizaciones han participado en el proceso de alegaciones públicas abierto por el Ministerio. Entre sus propuestas se encuentran:
- Un sistema de reporte y verificación de datos robusto, que no se base simplemente en autodeclaraciones de datos, si no que incorpore certificaciones por terceros, con un sistema sancionador en caso de incumplimiento.
- Mayor rigor en el recuento, tipificación y temporalidad de los empleos propuestos. Teniendo en cuenta que es la piedra angular de las promesas de este sector, que sabemos por otros países que no es veraz, sugerimos más nivel de detalle.
- Adaptar la demanda eléctrica de los centros de datos a la disponibilidad de electricidad de origen renovable en el territorio donde se encuentra el centro de datos, para minimizar la generación de electricidad de origen fósil y las subsiguientes grandes cantidades de emisiones de CO2.
- Otros indicadores más adecuados.
- Tenga en cuenta la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
El gobierno debe incorporar al real decreto las aportaciones de las organizaciones, colectivos, académicas y sociedad civil que trabajan este tema y que se aproveche esta oportunidad para poder dotar a este proyecto de Real Decreto de la ambición necesaria para garantizar una regulación de los centros de datos en España que proteja el territorio y sea realmente democrática.
En conjunto, esta normativa aspira a situar a España como un polo competitivo y sostenible en el sector de infraestructuras digitales en Europa. Sin embargo, los ecologistas recuerdan que hay puntos a mejorar en esta normativa relativo a la adaptación de la demanda eléctrica, regulación de los empleos que se generen o la verificación de los datos que se manejen. ECOticias.com
