La iniciativa alimentaria suiza proponía producir en el país al menos el 70 % de los alimentos consumidos y favorecer los productos vegetales en un plazo de diez años.
Parece que la sociedad suiza se ha plantado contra el ecologismo; así lo demuestra el contundente rechazo, con un 72,52% de votos en contra, a una propuesta que buscaba reducir el consumo y la producción de alimentos de origen animal en el país. La iniciativa pretendía que, en una década, el 70% de los alimentos que se consumieran fueran de origen local, fomentando los vegetales.
Como era de esperar, las regiones ganaderas como Uri, Schwyz u Obwald alcanzaron un 80% de oposición a la propuesta. La justificación que han dado desde el Gobierno, el Parlamento y el propio partido ecologista suizo para votar en contra es que la medida imponía unos objetivos que, para cumplirlos, supondría una intervención estatal “excesiva” en el sector primario y en las decisiones personales de alimentación de la ciudadanía.
La iniciativa alimentaria suiza
Los ciudadanos de Suiza, un país donde el ganado vacuno y productos como el chocolate con leche o el queso son auténticos emblemas nacionales, rechazaron en referéndum, por amplia mayoría, una iniciativa ecologista que proponía, entre otras cosas, reducir el consumo y la producción de alimentos de origen animal.
El «no» a la propuesta, como ya habían adelantado las encuestas, se impuso con un claro 72,52 % de los votos, según los datos definitivos al término del escrutinio este domingo.
En cantones alpinos tradicionalmente ganaderos del centro del país como Uri, Schwyz y Obwald el rechazo llegó incluso a superar el 80 %, mientras que los menores porcentajes para el «no» se registraron en Basilea (63,16 %) y Ginebra (62,63 %).
Asociaciones ecologistas proponían en el texto que Suiza tomara medidas para garantizar que en el plazo de 10 años al menos el 70 % de los alimentos consumidos se produjeran en el país, y para ello sugerían promover los de origen vegetal en detrimento de los de origen animal.
También pedían un menor uso de fertilizantes y productos fitosanitarios tales como herbicidas o insecticidas, todo ello con el fin de proteger el medio ambiente, el agua potable, la calidad del suelo y la biodiversidad.
Tanto Gobierno como Parlamento habían recomendado votar en contra de la iniciativa, que en opinión de ambos poderes era demasiado maximalista en sus objetivos y solo hubiera podido ponerse en práctica con una intervención masiva del Estado en el sector primario e incluso en los hábitos alimentarios de los ciudadanos.
En el Parlamento, todos los partidos habían votado previamente en contra de la iniciativa, incluidos Los Verdes.
