La reforma del ETS: España pidió este lunes que la revisión en curso del mercado europeo de emisiones de CO2 (ETS) evite incentivar que las navieras trasladen las escalas y el tráfico marítimo desde los puertos de la Unión Europea (UE) hacia los extracomunitarios.
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, planteó esta petición el pasado 12 de octubre de 2026, durante el Consejo de Medio Ambiente de la UE que se celebró en Luxemburgo.
En esta noticia explicaremos por qué preocupa la reorganización de las rutas marítimas, qué medidas se proponen desde España y cómo los ingresos del sistema mercantil pueden y deben apoyar las inversiones limpias. El desafío para la Unión Europea será proteger la actividad portuaria y conseguir una reducción efectiva de las emisiones.
España pide una reforma del ETS
España plantea que la reforma del ETS propuesta por la Comisión Europea el pasado mes de julio introduzca salvaguardas frente a los posibles cambios en las rutas marítimas que pueden derivar del alto coste del carbono en la Unión, una preocupación que comparten países como Italia, Malta, Chipre y Portugal.
«Es necesario abordar mejor la ruptura de servicios transoceánicos directos y su redistribución desde puertos extracomunitarios, evitando que se incentive una reorganización del tráfico marítimo y el traslado de actividades fuera de puertos europeos», dijo Hugo Morán, durante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE.
El transporte marítimo se está incorporando progresivamente al mercado europeo de las emisiones, que obliga a las compañías a adquirir derechos por el CO2 generado por sus actividades.
El temor de varios países de la Unión es que determinadas navieras reorganicen sus rutas internacionales y utilicen los grandes puertos extracomunitarios, como el marroquí de Tánger, para esquivar las emisiones que quedarían sometidas al régimen europeo.
El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, señaló que en la revisión «hay que hacer más» en los ámbitos como el transporte marítimo, la aviación y los residuos y aseguró que la UE tiene claro «el rumbo» que debe seguir hacia la neutralidad climática.
La Comisión Europea propuso en julio revisar el mecanismo de compra de derechos de CO2 ante la presión de los veintisiete miembros de la Unión por los altos precios de la energía y ante el riesgo de pérdida de la competitividad industrial de la UE.
Con esta reforma se busca adaptar el principal instrumento climático europeo al objetivo de reducir las emisiones de la UE un 90 % para el año 2040 y aborda cuestiones como el ritmo de la retirada de los derechos de emisión, las asignaciones gratuitas, el uso de los créditos internacionales y el tratamiento de los sectores como la aviación, el transporte marítimo y los residuos.
«La descarbonización no es un obstáculo para la competitividad; es una condición para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, reforzar la autonomía estratégica y movilizar inversión limpia en Europa», afirmó Morán.
El político sostuvo que el ETS debe continuar siendo «el principal instrumento de la política climática de la UE» y defendió que el ritmo de reducción de los derechos de emisión disponibles parta de la trayectoria más exigente prevista para 2036-2040.
También pidió que cualquier reducción posterior del esfuerzo interno europeo quede condicionada a que exista un volumen suficiente de créditos internacionales de elevada calidad.
España respaldó asimismo la creación de un Banco de Descarbonización Industrial y consideró positivo que una parte «significativa y previsible» de los ingresos del ETS vuelva a los sectores afectados para financiar sus inversiones de descarbonización.
Países como Dinamarca, Alemania, Suecia y Luxemburgo defendieron preservar la trayectoria exigente de reducción de las emisiones y evitar que nuevas flexibilidades propuestas debiliten el ETS.
Dinamarca advirtió de que «no podemos debilitar» el sistema y Alemania señaló que cualquier excepción deberá compensarse con reducciones de emisiones en otros ámbitos.
Sin embargo, países como Polonia, Chequia y Croacia pidieron que se tuviera en cuenta el elevado coste de la energía, los posibles efectos que pueda sufrir la competitividad industrial europea y que se estudie la capacidad real de adaptación de las empresas.
Desde Chequia reclamaron una revisión «sustancial» del sistema y una asignación de derechos más realista que permita a todos los estados miembros ser partícipes, no solo a los ricos, mientras que Croacia defendió una retirada más gradual de las asignaciones gratuitas para las industrias que necesitan más tiempo para adaptarse a la descarbonización.
El objetivo es que los países acuerden una postura común en diciembre para que la negociación final con el Parlamento Europeo permita completar el expediente en el primer trimestre de 2027.
