Las organizaciones advierten de que los cambios conocidos del decreto de centros de datos, si se confirman, ampliarían los plazos de adaptación y flexibilizarían las exigencias energéticas. Reclaman cubrir el 100 % del consumo con nueva generación renovable y fijar límites al uso de agua.
El decreto de centros de datos vuelve a enfrentar al Gobierno con las principales organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF España advierten de que los cambios conocidos, si se confirman en el texto definitivo, debilitarían las exigencias ambientales. Su preocupación se concentra en 3 aspectos clave: hasta 5 años de adaptación, un umbral de potencia más alto y unas condiciones más flexibles para acreditar el suministro renovable.
Las cinco entidades reclaman que el decreto de centros de datos contemple que el 100 % del consumo eléctrico de los nuevos centros esté respaldado por generación renovable adicional, con correspondencia horaria y geográfica. Consideran positiva la posibilidad de reducir o interrumpir la demanda cuando la red esté tensionada, pero sostienen que esa flexibilidad debe acompañar a la nueva generación limpia para evitar mayor dependencia fósil y costes para otros consumidores.
La petición también alcanza al territorio: hay que poner límites absolutos al consumo de agua, ocuparse de la protección de la biodiversidad, dar prioridad a los suelos ya artificializados y hacer evaluaciones de los impactos acumulativos. Ecologistas en Acción ha trasladado sus recomendaciones al Consejo de Estado, mientras la convocatoria europea STOP Dirty Data Centres prevé movilizaciones los días 6 y 7 de noviembre para exigir un despliegue ordenado.
Decreto de centros de datos: las ONG le encuentran muchas pegas
Las cinco principales organizaciones ecologistas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España– muestran su preocupación ante las informaciones publicadas sobre la nueva versión del Real Decreto de centros de datos que, de confirmarse en el texto definitivo, supondría un retroceso respecto a las exigencias ambientales y energéticas inicialmente previstas, además de desatender las principales demandas trasladadas por estas organizaciones durante el proceso de participación pública.
Las organizaciones alertan especialmente de tres cambios: la ampliación de los plazos de adaptación hasta cinco años, el aumento del umbral de potencia a partir del cual se aplicará la regulación y la flexibilización de las exigencias para que los centros de datos cubran parte de su consumo eléctrico con nuevas instalaciones renovables y acrediten, hora a hora, que esa electricidad se genera en la misma hora en que la consumen.
La flexibilidad de la demanda y la posibilidad de desconexión ante situaciones de tensión en el sistema eléctrico son medidas positivas, pero no pueden sustituir a la obligación de garantizar que la nueva demanda eléctrica esté respaldada por nueva generación renovable adicional.
Las organizaciones ecologistas defienden que el 100% del consumo eléctrico de los nuevos centros de datos debe estar cubierto por energías renovables adicionales, con garantías de trazabilidad y correlación horaria y geográfica, para evitar incrementar la dependencia de los combustibles fósiles, la factura energética de los hogares o desplazar la electricidad renovable necesaria para descarbonizar otros sectores.
Asimismo, insisten en que la sostenibilidad de los centros de datos no puede reducirse a su eficiencia energética e hídrica. Es imprescindible establecer límites absolutos de consumo de agua adaptados a la disponibilidad de cada cuenca, garantizar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.
Además de priorizar su implantación en suelos artificiales, someter los proyectos a una planificación y evaluación ambiental rigurosas que contemplen sus impactos acumulativos y las infraestructuras asociadas, y garantizar una participación pública suficiente, además de una rendición de cuentas efectiva.
Un nuevo estudio de modelización realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Berlín alerta de que la factura de la luz se encarecerá en 2000 millones al año si no se aprueba este Real decreto de centros de datos.
Convocatoria europea contra el real decreto de centros de datos
En el marco de una convocatoria europea, STOP Dirty Centres, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de noviembre, se celebrarán movilizaciones en muchos lugares del Estado (Madrid, Cerdanyola del Vallès, Granada, Lugo, Zamora, Zaragoza, Huesca, Navarra, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Huelva…) para pedir un despliegue ordenado de estas infraestructuras y la aprobación de un Real decreto de centros de datos exigente y a la altura.
El Consejo de Estado ha concedido audiencia a Ecologistas en Acción, que ha enviado sus recomendaciones para que este órgano emita un dictamen que invite al Gobierno a redactar y aprobar un texto para el decreto de centros de datos que sea exigente.
El desarrollo de infraestructuras digitales debe ser compatible con los límites ecológicos de los territorios y contribuir a la transición energética basándose en los principios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables, sin trasladar sus costes ambientales, energéticos y económicos al conjunto de la sociedad.
Las organizaciones piden al Gobierno que en el decreto de centros de datos mantenga un marco regulatorio ambicioso y vinculante que anteponga el interés general y garantice una digitalización verdaderamente sostenible frente a los intereses de los grandes poderes del sector tecnológico.
Un desafío energético real
La dimensión del desafío energético aparece en las últimas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía: el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría pasar de 485 teravatios hora en 2025 a unos 950 en 2030, cerca del 3 % de la demanda global.
Es una proyección, pero muestra la escala de la expansión prevista. Vincular las nuevas instalaciones con generación, almacenamiento y capacidad de red suficientes será decisivo para gestionar esa demanda sin dificultar la electrificación de otros sectores.
