La COP17 de Biodiversidad aprueba una nueva hoja de ruta, pero deja pendiente el salto financiero necesario mientras siguen las ayudas que dañan los ecosistemas.
Los gobiernos cierran la COP17 de Biodiversidad sin saldar la deuda con la naturaleza
La COP17 de Biodiversidad ha terminado con una contradicción que los gobiernos difícilmente podrán maquillar: reconocen que urge proteger la naturaleza, pero siguen sin resolver cómo financiar esa protección. Según el balance realizado por la Fundación Empresa & Clima (FEC), los países desarrollados han incumplido el compromiso de aportar 20.000 millones de dólares anuales en 2025.
La cumbre de Ereván ha aprobado una nueva hoja de ruta y ha tomado numerosas decisiones. Sin embargo, cerrar documentos no equivale a garantizar que se provean los recursos que necesitan los ecosistemas. El avance diplomático convive con una deuda financiera que aún está pendiente.
El resultado obliga a mirar más allá de los anuncios: ¿cuánto dinero llegará?, ¿quién tendrá que aportarlo? y ¿qué ocurrirá con las subvenciones que aún siguen siendo perjudiciales? A 4 años de 2030, aplazar esas respuestas tiene un coste que la naturaleza ya está soportando.
COP17 de Biodiversidad: acuerdos sobre el papel y una factura sin abonar
Celebradas en Armenia del 19 al 30 de octubre, las negociaciones de la COP17 de Biodiversidad se prolongaron durante la clausura, ya que la conferencia debía examinar el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. El pacto, que fue aprobado en 2022, contiene 23 metas para 2030. La revisión debía servir para corregir el rumbo antes de agotar el plazo.
La Hoja de Ruta de Ereván constituye uno de los principales resultados. Su mensaje es muy claro: hace falta acelerar la aplicación del acuerdo alcanzado. La secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha confirmado la aprobación de este instrumento y recoge 1.800 millones de dólares en compromisos que fueron anunciados al finalizar el segmento de alto nivel. Son promesas de financiación, pero su ejecución será la prueba decisiva.
La FEC sitúa la brecha financiera en aproximadamente 700.000 millones de dólares anuales. Aunque esa necesidad global y los anuncios de la conferencia tienen alcances muy diferentes, la distancia revela cuál es la dimensión del desafío. No basta con presentar nuevas aportaciones si siguen pendientes los compromisos anteriores. Los gobiernos deberán demostrar qué parte de lo anunciado terminará convertida en conservación efectiva.
El dinero para conservar se demora; las ayudas perjudiciales siguen
El balance que ha hecho la fundación señala que ampliar la lista de países contribuyentes quedó pendiente de criterios concretos. Los Estados que estén interesados podrán manifestar voluntariamente su disposición antes de la siguiente conferencia. La urgencia ambiental depende nuevamente de la voluntad política, justo cuando el calendario exige tomar decisiones presupuestarias.
También quedó para una próxima negociación la forma del mecanismo financiero que se aplicará después de 2030. Preparar esa arquitectura puede ser necesario, pero no resuelve por sí misma las necesidades actuales de la naturaleza. Los espacios protegidos, la restauración y el seguimiento científico necesitan financiación durante esta década, cuando deben cumplirse las metas.
La contradicción de la COP17 de Biodiversidad resulta especialmente incómoda en las subvenciones perjudiciales. La Meta 18 fija su reducción en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030. Según la FEC, Ereván anima a que se aceleren las reformas atendiendo a las circunstancias nacionales. Pero el problema político persiste: los gobiernos deben retirar incentivos que empujan en dirección contraria a sus compromisos ambientales.
Empresas y créditos de naturaleza: la conservación exige algo más que certificados
La COP17 de Biodiversidad también planteó el tema de las responsabilidades empresariales. El balance destaca que es fundamental tomar decisiones que permitan integrar la biodiversidad en las políticas sectoriales y promover la participación financiera y corporativa. Esa implicación debe medirse en impactos verificables y recursos movilizados, porque a la naturaleza no le alcanzan las declaraciones públicas.
El Fondo de Cali ilustra cuáles son las limitaciones del esquema voluntario. Según el documento que ha sido facilitado por la FEC, mantiene aportaciones indicativas del 1 % de los beneficios o el 0,1 % de los ingresos para determinadas empresas que utilizan información genética digital. La cuestión es cómo se pueden transformar esas expectativas en contribuciones suficientes, trazables y sostenidas.
Los créditos para la biodiversidad tampoco merecen un cheque en blanco. La cumbre encargó que se estudie si generan conservación adicional real, según ese mismo balance. Vender un certificado no demuestra por sí solo que se produzca una mejora ecológica. La exigencia debe ser que se acrediten resultados y que se evite que estas herramientas sirvan para aplazar la reducción de los daños.
El dato adicional retrata las prioridades económicas: el PNUMA, en su informe financiero de 2026, calcula que en 2023 fluyeron 7,3 billones de dólares hacia actividades perjudiciales para la naturaleza, frente a 220.000 millones destinados a soluciones basadas en ella.
Son magnitudes distintas de la financiación negociada en Ereván, pero muestran el desequilibrio. Los gobiernos y las empresas no pueden alegar falta de recursos sin explicar por qué tanto dinero sigue alimentando el deterioro ambiental.
