Varios países europeos reciben denuncias contra la mayor cárnica del mundo en una operación que busca esclarecer quién financia y sostiene económicamente la destrucción de la selva.
La destrucción de la Amazonía vuelve a poner en el punto de mira como culpables a las grandes multinacionales, pero esta vez la ofensiva no se dirige solo a los que crían el ganado y comercializan carne. La Coalición Jurídica Transnacional (TLC) ha abierto un frente judicial en cuatro países europeos contra JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, y doce entidades que forman parte de su entramado financiero, empresarial y profesional.
En esta denuncia se habla de una presunta vinculación con el blanqueo de capitales procedentes de cadenas de suministro relacionadas con la deforestación ilegal de la Amazonía brasileña. Una realidad a la que no escapan ni territorios indígenas.
No es por tanto una denuncia aislada y al uso contra una compañía ganadera, sino un camino para esclarecer y encontrar culpables en esa cadena que es la responsable de financiar, asesorar, auditar y sostener sus operaciones. Y es que esto va mucho más allá de esas explotaciones ganaderas; hay todo un daño ambiental y social a la zona de la Amazonía.
¿Quién es uno de los principales señalados en la deforestación de la Amazonía?
JBS N.V., matriz del grupo, contra la que TLC ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de Países Bajos. También ha denunciado a JBS Global (UK) Limited ante la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) y el organismo regulador financiero del país.
Pero la investigación apunta también al dinero. “Entre las entidades denunciadas figuran Barclays, Standard Chartered, ING Bank, Rabobank, Bank of Montreal y Banco do Brasil, a través de sus respectivas estructuras financieras. La lista incluye además a BlackRock Asset Management, con denuncias en Irlanda y Alemania, y a los despachos y firmas de auditoría Loyens & Loeff, EY y KPMG”, detalla esta denuncia.
El señalamiento es especialmente relevante porque pone sobre la mesa una pregunta que no deja lugar a dudas y que es totalmente incómoda, pero necesaria por otro lado y es ¿hasta qué punto los grandes bancos, inversores, asesores y auditores pueden desentenderse del origen de los negocios que financian o supervisan? Es cierto que no se dice que estas empresas cometan un delito, pero sí que deja sobre la mesa la idea de que igual no han sido del todo legales a la hora de no caer en el blanqueo de capitales en la cadena de suministro cárnico de JBS.
El coste ambiental y humano de la carne
En esta denuncia se habla de una presunta vinculación con el blanqueo de capitales procedentes de cadenas de suministro relacionadas con la deforestación ilegal de la Amazonía brasileña. Una realidad a la que no escapan ni territorios indígenas.
Al final del todo, la peor parte se la lleva la Amazonía brasileña, donde la expansión de la ganadería está detrás de buena parte de su deforestación. Pero esto no se traduce solo en menos árboles, sino que esta amenaza acaba con la biodiversidad, con los ecosistemas, libera carbono almacenado en los bosques y reduce la capacidad de la selva para absorber las emisiones contaminantes. Y además están perjudicándose a las comunidades indígenas de la zona que intentan proteger sus tierras y sus modos de vida.
Es el caso de uno de las realidades más graves en la zona de Apyterewa, en el estado brasileño de Pará, hogar del pueblo parakanã y donde se ha visto la mayor deforestación sufrida por una tierra indígena de Brasil desde 2008.
La coordinadora de TLC, Bláithín Quigley, ha sido contundente: “La deforestación ilegal del Amazonas es un delito, no un modelo de negocio”.
La duda que se plantea ahora es si las autoridades europeas investigarán hasta el final y exigirán responsabilidades a todos los eslabones implicados o se harán cómplices de estas actividades ilegales que comienzan con la tala del bosque. La Amazonía no solo está amenazada por las motosierras: también por las decisiones empresariales y financieras que las agarran en un primer momento.
