La Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía celebró una sesión monográfica para debatir el Proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones certificadas. En el turno de intervenciones, Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), trasladó a los grupos parlamentarios un análisis crítico elaborado junto a sus socios andaluces.
SEAE advierte de que el texto legislativo, presentado como un marco integrador, corre el riesgo de diluir la especificidad de la agricultura ecológica al mezclarla con otros sistemas productivos “sostenibles” que aún no cuentan con una trayectoria ni un reconocimiento normativo comparable. Con más de tres décadas de desarrollo y una cadena de valor consolidada, la agricultura ecológica —señalaron— merece una norma propia y diferenciada.
Entre los aspectos más cuestionados, SEAE subraya la ausencia de un desarrollo reglamentario claro que marque hoja de ruta y planes estratégicos, así como la falta de medidas orientadas a impulsar el consumo interno y a ordenar territorialmente la producción. Andalucía fue pionera en iniciativas como los biodistritos, recuerdan, pero la propuesta legislativa no las contempla.
El proyecto de ley en discusión dedica un título completo a las denominadas “otras producciones certificadas”, entre ellas la producción integrada, y deroga el Decreto 166/2003 que hasta ahora regulaba la producción agroalimentaria ecológica en Andalucía. El texto prevé ayudas, incentivos, campañas de promoción y la creación de un órgano consultivo de participación, además de introducir la prioridad de lo ecológico en la contratación pública y de asociarlo a la marca de calidad agroalimentaria de la Junta.
Para SEAE, estas previsiones resultan insuficientes sin un desarrollo normativo concreto que garantice la consolidación de la producción ecológica andaluza, líder europeo en superficie y número de operadores. “En lugar de fortalecerse, ambas partes podrían verse perjudicadas: la ecológica, porque pierde su especificidad; y las demás, porque carecen de un desarrollo regulatorio adaptado a sus necesidades”, resumió Palomo en su intervención.
Los grupos parlamentarios mostraron receptividad a estas críticas. Incluso desde formaciones como el Partido Popular y el Partido Socialista se reconoció la necesidad de un desarrollo reglamentario. SEAE ha anunciado que trasladará por escrito sus propuestas con la intención de que queden recogidas en la fase de enmiendas y que la futura ley sea, de verdad, un instrumento ambicioso y diferenciado para la agricultura ecológica andaluza.
COAG ha pedido a la Junta de Andalucía un presupuesto propio
La organización agraria COAG ha pedido a la Junta de Andalucía un presupuesto propio “que demuestre la voluntad del Gobierno andaluz” por la producción ecológica, teniendo en cuenta que Andalucía lidera la agricultura ecológica en España, con más de 1,5 millones de hectáreas.
COAG Andalucía ha presentado un documento de enmiendas al proyecto de Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica (LIPESA) durante su comparecencia en la Comisión del Parlamento Andaluz.
Sergio López, responsable del Área de Producción Ecológica de COAG Andalucía, junto con Ignacio Barrero, coordinador técnico de la organización agraria, expusieron los puntos clave que, a juicio de la organización, deben modificarse para que la ley sea una herramienta útil para el sector.
Y es que, Andalucía lidera la agricultura ecológica en España, con más de 1,5 millones de hectáreas dedicadas a este modelo agrario, lo que supone el 30,4% de la superficie agraria útil (SAU) de la comunidad, superando así los objetivos marcados por la Unión Europea para 2030.
Sin embargo, el consumo interno en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2023 era del 2,32% del total del volumen consumido de alimentación, correspondiente a alimentación ecológica.
Desde COAG Andalucía se considera que el proyecto de ley debe contar con un presupuesto propio de la Junta de Andalucía, y no depender únicamente de fondos cofinanciados por la Unión Europea, especialmente en un contexto de reforma de los fondos comunitarios que pronostican una modificación a la baja del sistema actual de cofinanciación.
Además, la organización agraria demanda la creación de un órgano consultivo donde esté representado todo el sector, con información actualizada y rápida para tomar decisiones que ayuden a consolidar la producción ecológica en la región.
En relación a la contratación pública, COAG Andalucía ha solicitado que se premie los criterios de proximidad como apoyo a la producción ecológica, en consonancia con las disposiciones comunitarias que avalan priorizar producciones locales y de proximidad en la contratación pública, ya que redunda en la sostenibilidad del sistema alimentario y apoya el desarrollo económico de la región.
Asimismo, la organización considera fundamental que la administración pública apueste por la producción ecológica como método prioritario en comedores escolares, sociosanitarios y de salud que dependan de la administración andaluza.
Mercados locales y venta directa
COAG Andalucía valora positivamente que la Consejería, en el proceso de consulta del anteproyecto, incluya su demanda sobre mercados locales y venta directa, lo que aporta seguridad a este tipo de comercialización.
Por último, la organización demanda una simplificación administrativa real, que agilice trámites y evite más burocracia innecesaria.
“Es necesario que esta ley sea una herramienta eficaz que consolide la producción ecológica andaluza en los mercados, garantizando el futuro de las explotaciones profesionales y respondiendo al compromiso de sostenibilidad que demanda la sociedad”, concluye López. EFE / ECOticias.com