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miércoles, noviembre 29, 2023

Por qué una ley de cambio climático en un momento como este en España

Es cierto que los planes y las regulaciones, por sí solos, no convierten en realidad la letra, no reducen las emisiones de gases o reducen la temperatura de los océanos.

Hace unas semanas os hablé aquí del PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Pero también es cierto que los cambios que necesitamos para avanzar en la transición energética, descarbonizar la economía y frenar el cambio climático son tantos que no solo necesitamos cambiar nuestros hábitos: necesitamos contar con nuevos marcos.

¿Y no son eso las leyes y las regulaciones?

Son marcos jurídicos, pero también “mapas” de previsibilidad, que sirven para mostrarnos el camino hacia dónde vamos (y hacia dónde podemos ir), “instrucciones” que dan señales estables a las empresas, a los inversores, e incluso a las mismas administraciones públicas.

Porque para descarbonizar la economía necesitamos “armazones” nuevos y otros marcos, hoy quiero hablaros de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha aprobado el Congreso de los Diputados.

¿Por qué una ley de cambio climático en un momento como este?

A menudo, las Naciones Unidas han subrayado la distancia que separa la reducción real de emisiones de gases de efecto invernadero de las obligaciones asumidas por los Estados, entre ellos España, que suscribieron el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático.

Lo sabemos (o deberíamos saberlo) claramente en nuestro país, donde vemos con mayor frecuencia fenómenos extremos como la borrasca Filomena, en enero, y donde los problemas de desertificación y escasez de agua son muy serios.

Es preocupante.

La Ley llega, precisamente, en un momento clave, tanto para actualizar esa senda de descenso de las emisiones de cara a 2050 como para activar las palancas de recuperación económica en dirección a una economía verde.

Y viene a sumarse a los avances que ha hecho España en los últimos dos años.

En cierto modo, viene a cristalizarlos, a darles, sí, un marco.

Y, al ser una ley del Congreso de los Diputados, que nos representa a todos, una ley plural que ha sumado enmiendas y cambios de los distintos grupos parlamentarios, es también expresión de un consenso social.

Compromiso con la descarbonización… y con el crecimiento económico

La ley apunta a direcciones concretas sobre descarbonización, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, modernización de la economía, transformación de los modelos de producción y de consumo, y adaptación a los impactos climáticos.

Apunta en esas direcciones como una forma de articular políticas y medidas,en un momento, precisamente, en el que por muchas razones podemos orientar la economía hacia un modelo duradero y respetuoso con el planeta.

El compromiso de España con la descarbonización se veía ya en los objetivos del PNIEC, de reducción de emisiones en movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura: una reducción del 39 %, esto es, 13 puntos por encima de la meta del 26 % fijada por la Unión Europea.

Por otro lado, mientras la UE establece una penetración de renovables del 32 % en el consumo final de energía para 2030, el PNIEC establece para España un 42%. En eficiencia energética, Europa apunta a una mejora del 32,5% para 2030. ¿El objetivo español? Un 39,5%.

La ley consolida en la letra, digamos, esos objetivos.

Y lo hace mostrando que se los puede alcanzar con ventajas: las acciones que enmarca la Ley movilizarán 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030.

Además, por primera vez, la Ley contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la territorial y urbanística, la de edificación e infraestructuras del transporte, la de seguridad y alimentación o salud pública. Esto abarca, sí, todos los aspectos de nuestras vidas.

También se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats, y medidas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales.

La Ley también tiene en cuenta que la transición a una economía descarbonizada debe ser una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, entre ellas, las zonas rurales.

Vuelvo a donde comencé: una ley, por sí sola, no va a frenar el cambio climático.

Pero para que podamos frenarlo entre todos y todas necesitamos mapas para lo que todavía es un camino por hacer y un territorio por explorar.

Con esta ley, ese camino es hoy un poco más claro y está más trazado.

Fuente: La energia de luzia

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