La ONU alerta de una crisis global del agua que afecta a más de 2.000 millones de personas mientras la COP30 debe definir financiación y hoja de ruta para el ODS 6.
El ascenso de las temperaturas, el crecimiento demográfico y el desarrollo económico han provocado en los últimos cien años un aumento de la demanda de agua, un recurso que escasea por las sequías o está más degradado por la contaminación y del que carecen más de 2.000 millones de personas en el mundo.
Son temas que estarán en la mesa de la COP30 de Brasil, cuando quedan solo tres años para finalizar el Decenio Internacional ‘Agua para el Desarrollo Sostenible’, que se inició en 2018, para dotar del recurso a 2.200 millones de personas que carecen de los servicios más básico de agua segura y saneamiento, según el último informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hidrológicos de Naciones Unidas.
En un nuevo esfuerzo por paliar estas deficiencias, Madrid albergó recientemente la Reunión de Ministros de Sanitation and Water for All (SWA), convocada por Unicef y organizada por el Gobierno de España, en la que se planteó la integración de políticas de agua y saneamiento en las políticas nacionales e internacionales con el objetivo de «crear resiliencia, desarrollo y justicia social».
Calificado como un «paso histórico» por la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, el Pacto de Alto Nivel de Líderes sobre Seguridad Hídrica y Resiliencia o Compromiso para la Acción de Madrid, aseguró en el acto de clausura que «no es una simple declaración»: «Es un llamamiento a integrar el agua, el saneamiento y la adaptación climática en una misma agenda global”.
El agua es un derecho básico recogido en el listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el número 6, pero, sin embargo, es la eterna asignatura pendiente entre los derechos humanos, que actualmente debido al crecimiento de la población, la urbanización y las necesidades de sectores como la industria, la agricultura, el energético o tecnológico existe mayor demanda del recurso.
A ello se une el impacto del cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2024 fue el año más caluroso en la historia. E incluso el más caluroso de al menos los últimos 125.000 años, de acuerdo al informe sobre «El Estado del Clima 2025» realizado por un grupo de científicos internacionales y dirigido por la Universidad Estatal de Oregón.
Cambio climático, sequías y contaminación: el cóctel perfecto de la emergencia hídrica mundial
El agua escasea ante el ascenso de temperaturas con periodos más largos de sequía en varias zonas geográficas mundiales, el deshielo de los glaciares -una reserva de agua vital para muchas poblaciones-, la evapotranspiración del suelo o la contaminación por falta de tratamiento de aguas residuales industriales, agrarias y domésticas.
El relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, plantea que, entre otras, se afronta «una crisis global del agua, y es particularmente paradójica la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con más de 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable».
Quienes carecen del recurso, apunta, «son personas extremadamente empobrecidas que viven junto a ríos o acuíferos contaminados, a menudo con productos tóxicos o cuyas aguas son acaparadas por poderosos actores para sus actividades económicas».
Según un informe de Naciones Unidas en colaboración con la Universidad de Oxford, casi ocho de cada diez personas viven en situación de pobreza «multidimensional», es decir que abarca aspectos como el acceso a la sanidad y la educación, y están directamente expuestas a amenazas climáticas como temperaturas elevadas, inundaciones, sequías o contaminación.
La transición de los Objetivos del Milenio hacia los ODS en 2015, supuso que los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben abordarse tomando en cuenta la gestión del agua y la protección de los ecosistemas.
Para el 2030, los expertos señalan que es necesario alinear el ODS 6 con el Acuerdo de París, y abordar que los servicios tienen que ser resilientes tomando en cuenta la adaptación y mitigación climáticas.
Ante esta realidad, Pedro Arrojo señala que hay que desarrollar planes de adaptación a ese cambio climático que fortalezcan la resiliencia ambiental y social, «con medidas y estrategias de planificación hidrológica, territorial y urbanística, con el objetivo de que se gestione al mínimo los impactos de esos riesgos».
Todo esto será posible si se concreta la Nueva Meta Colectiva Cuantificada (NCQG, por sus siglas en inglés) acordada en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) de Bakú para la movilización por parte de los países desarrollados de 300.000 millones de dólares anuales para 2035 con el objetivo de financiar la acción climática en países en desarrollo.
En la próxima COP30 en Belém (Brasil) se deberá elaborar la hoja de ruta para esos desembolsos que se busca alcancen un total de 1.3 billones de dólares para 2035. Seguir leyendo en: ECOticias.com / EFE
