Greenpeace exige poner fin a los combustibles fósiles con una transición vinculante, justa y financiada y no promesas vacias: reclama a los gobiernos abandonar la los acuerdos que solo se sostienen sobre el papel y afrontar las responsabilidades de quienes alimentan la crisis.
Malos augurios
Greenpeace exige poner fin a los combustibles fósiles y traslada a la COP31 una advertencia: celebrar acuerdos insuficientes mientras aumenta el peligro climático jamás puede presentarse como una victoria.
La organización ecologista reclama una salida rápida, justa y financiada del carbón, el petróleo y el gas, detener la destrucción forestal y proporcionar recursos a los países del sur global. La responsabilidad del norte global debe traducirse en aportaciones, calendarios y resultados comprobables.
La cumbre de Antalya (Turquía), que empieza este lunes 9 de noviembre, afrontará esa prueba. Ante la perspectiva efectiva de superar los 1,5 °C acordados en París, cada retraso amplía los riesgos y refuerza la necesidad de actuar sobre las causas del calentamiento.
Greenpeace exige poner fin a los combustibles fósiles: firmar no equivale a cumplir
Jasper Inventor, coordinador de la delegación de Greenpeace, ‘pone en tela de juicio’ las negociaciones que producen compromisos cuya aplicación vuelve a discutirse durante años. Su exigencia sitúa el cumplimiento por encima de la propaganda insultante de la diplomacia.
La organización pide financiación urgente y real, para que los principales responsables, es decir los países ricos, de la crisis asuman su parte. Los costes no pueden seguir castigando a los más perjudicados y quienes tienen menos recursos para protegerse.
Greenpeace exige poner fin a los combustibles fósiles mediante decisiones que permitan evaluar avances. La electrificación y las renovables deben contribuir a sustituirlos, en lugar de convertirse en una coartada para prolongar su expansión.
Turquía debe responder por su carbón; España, por su plan de salida
Berkan Özyer, director de Greenpeace en Turquía, exige cancelar los proyectos de nuevas centrales de carbón y establecer un calendario de abandono con garantías sociales. El país anfitrión debe demostrar coherencia entre sus compromisos internacionales y sus decisiones internas.
El país anfitrión debe prohibir las importaciones de residuos plásticos y dejar de lado la hipocresía como prueba de la política turca de cero residuos. La credibilidad ambiental es fundamental y necesita actuaciones que puedan contrastarse fuera del recinto de la COP31.
En España, Pedro Zorrilla, máximo responsable de la campaña climática de Greenpeace, reclama nuevos compromisos de financiación internacional reales y un plan firme y sin equívocos para abandonar los combustibles fósiles. El Gobierno deberá explicar qué medidas que adoptará durante y después de la COP31, con qué presupuesto y en qué plazos.
El Pacífico no puede esperar una reparación que quizá nunca llegue
Shiva Gounden, de Greenpeace Australia-Pacífico, advierte de que perder arrecifes o territorios por el aumento del nivel del mar puede dejar daños irreversibles. El daño ya está hecho, reducir temperaturas en el futuro no necesariamente recuperará todo lo destruido.
Greenpeace exige poner fin a los combustibles fósiles porque limitar la emergencia y duración del sobrepasamiento de París sigue siendo decisivo. Cada fracción de grado evitada suma y es importante: asumir el deterioro como inevitable favorece la innacción y eso no es una opción.
La organización reclama una eliminación sin pretextos de los combustibles fósiles progresiva vinculante, gestionada y financiada. Esa transición debe proteger a comunidades, trabajadores y ciudadanía, respetar los ecosistemas y garantizar su participación. La justicia social forma parte inequívoca de la respuesta climática.
Un plan para alcanzar un sistema energético suficiente, eficiente y 100 % renovable en 2040, acompañado de financiación internacional mediante impuestos progresivos a quienes más contaminan y reconversión de las inexplicables subvenciones perjudiciales a los fósiles. Es una propuesta de momento, qué no una obligación ya aprobada.
Su valor político reside en abrir una discusión llena de contradicciones entre los que se dice y se hace y necesaria en los países más contaminantes: quién debe aportar los recursos para abandonar un modelo cuyos costes ambientales y sociales recaen sobre el conjunto de la población.
