- Una medida histórica, muy reclamada y urgente, que llegará tarde por el procedimiento elegido, pese a ser necesaria.
La Fundación Renovables ha recibido con satisfacción el anuncio del pasado martes, en el Consejo de Ministros, del inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Una medida histórica, demandada por la Fundación Renovables en numerosas ocasiones, pero que supone una solución particular para un problema general cómo es la necesaria reforma de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
En enero de este mismo año, con el informe “¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica? Ideas y propuestas para su desarrollo desde el objetivo de la electrificación de la demanda”, demandamos actuar sobre los ingresos adicionales que perciben e internalizan las centrales no emisoras con la internalización de costes del, además de proponer otra batería de propuestas para reducir la señal precio de la electricidad. El objetivo era dar una solución para que el coste del CO2 no se traslade siempre al consumidor final y no produzca los efectos contrarios a los deseados, así como que el destino de la recaudación vaya a la reducción del coste de la electricidad.
Analizando el nuevo Anteproyecto de Ley, si bien busca reducir la carga a los consumidores, no refleja la transparencia que debe tener la señal precio de la electricidad y la necesaria apuesta por la electrificación de la demanda de energía, pese a que no sea un objetivo incluido ni en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ni en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El motivo para su creación son los altos costes del CO2, aplicando la recuperación de los ingresos adicionales a todas las centrales no contaminantes anteriores a 2005 y mayores de 10 MW. Somos conscientes de la influencia que va a tener en los procesos de inversión de alargamiento de la vida útil de los parques eólicos en funcionamiento anteriores a 2005 y que estén fuera del RECORE, por lo que esperamos que en la tramitación parlamentaria se produzca el ajuste oportuno para facilitar su desarrollo.
En la Fundación Renovables nos preocupa el reconocimiento implícito de la necesidad de adoptar medidas frente a actuaciones colusorias en los precios por la casación con centrales no emisoras para lo que se considera que el factor de emisión medio será mensual, incluyendo, además, cuando cierre el agua, el coste de emisión de las centrales térmicas que hayan ofertado en un rango del ±10% en la oferta, hecho que consideramos insuficiente y, es más, entendemos que deberían impedirse estas situaciones.
El destino de la recaudación irá a la reducción de los costes regulados del sistema y no a la reducción del precio medio de la electricidad generada, lo que enmascara la señal precio real. La asimetría existente en la asignación de los costes regulados en contra de los consumidores domésticos, es el motivo de que se reduzca más el coste de la electricidad para el sector doméstico (4,8%) y las PYMES (4,6%), que para la industria (3,9%) y los electrointensivos (1,9%).
Entendemos que destinar el 10% de la recaudación para minorar los costes de suministro que sufren los consumidores más vulnerables, es un parche más a la no solución de un tema tan grave como es la pobreza energética, que debería abordarse de forma decidida a través de la creación y aplicación de una Tarifa Social por tramos, como hemos reivindicado en numerosas ocasiones. Finalmente, a pesar de ser una medida necesaria con un amplio recorrido de tramitación parlamentaria, desde la Fundación Renovables seguimos reivindicando disminuir el precio de la electricidad cómo base de la política energética, reformando la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Sigue siendo necesario revisar la base impositiva del IVA para la electricidad y limpiar la tarifa eléctrica de los costes regulados, con la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (41% del coste regulado), el paso al “pago por uso” de la retribución del transporte y la distribución (38%), la amortización del déficit de tarifa (15%) y la traslocación de los costes extra peninsulares (6%) a los Presupuestos Generales del Estado.
