«Cada almacén individualizado cuesta 20 millones de euros, de manera que con 100 millones de euros se soluciona el problema de almacenamiento» en una situación de recortes presupuestarios en la que se prevé «destinar del dinero público 1.400 millones de euros para construir un ATC», señaló el portavoz de Energía de Greenpeace, Carlos Bravo, en rueda de prensa.
Según Bravo, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, «pretende decir que con el ATC se ha solucionado el problema de los residuos», así como que con su construcción «se puede ampliar el periodo de vida útil» del parque nuclear español, como es el caso de la Central Nuclear de Almaraz, cuya autorización de explotación finaliza el próximo 8 de junio.
El portavoz de Greenpeace también señaló que el ATC «puede favorecer» la aparición de nuevos reactores nucleares e hizo alusión a la sugerencia realizada por la alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, sobre la posibilidad de construir en las instalaciones cacereñas una nueva central.
Bravo afirmó que se trata de un supuesto «absurdo y estúpido», porque «hasta el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, quien es pro nuclear, ha reconocido que ya no cabe más potencia nuclear en el sistema eléctrico, sino al contrario».
Por otro lado, hizo referencia a la «rigidez técnica de las nucleares, que impiden el aprovechamiento pleno de las renovables disponibles» en los momentos en que estas alcanzan su «mayor pico de producción», y «obliga a parar cientos de megavatios de energía renovable cada vez que no hay cabida en el sistema».
«En estos momentos hay problemas para verter a toda la red eléctrica la energía renovable que se puede generar en España», de manera que «no es viable» construir nuevas centrales, según Bravo, quien aplaudió que la Junta haya rechazado la decisión de la alcaldesa de Almaraz de construir un tercer reactor en Almaraz.
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