Así, la organización sindical añade que las emisiones de CO2 equivalente han aumentado en España un 28,5 por ciento entre 1990 y 2009, después de los «importantes» descensos de 2008 y 2009, sobre todo por la crisis.
El informe apunta a que el descenso se debe, en gran parte a la reducción del uso del carbón para la generación de electricidad, ya sea importado o nacional, en 2008 y 2009; por la caída de la demanda de electricidad; la entrada en funcionamiento de nuevas centrales de ciclo combinado de gas natural y la creciente presencia de las energías renovables, especialmente la energía eólica.
Además, el informe de CCOO a partir de los datos facilitados por el director de la edición española de la revista ‘Worldwatch’, José Santa Marta, señala que «no hay una relación mecánica» entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones, como «demuestra la experiencias internacionales» así como la española, en 2006, 2008 y 2009, años en los que se produjo un descenso de las emisiones muy superior al aumento en 2006 o la caída en los dos últimos años.
El estudio concluye que «hoy es una necesidad para frenar el cambio climático, además de una obligación en el marco del Protocolo de Kioto y los compromisos en el seno de la Unión Europea».
Asimismo, destaca que «las altas tasas de crecimiento» a nivel nacional hasta 2007 responden a las políticas de promover el transporte privado, a la especulación urbanística, el modelo de urbanismo disperso y el «desarrollismo a ultranza». Para la organización sindical, es «posible» crecer y satisfacer las necesidades de la población con una disminución de las emisiones.
Entre los factores que han favorecido las reducciones de emisiones figuran la subida del precio de petróleo «añade una razón económica más», como la necesidad ambiental de reducir la contaminación originada por el consumo de energía y generar puestos de trabajo estables y cualificados en nuevos sectores, como las energías renovables o las actividades de eficiencia energética.
COMPROMISO ACTIVO
En este sentido, la organización sindical manifiesta que las comunidades autónomas «deben comprometerse de manera activa» en la lucha contra el cambio climático y «contribuir al esfuerzo común» de cumplir el Protocolo de Kioto. A su juicio, el gobierno no puede, «por sí solo», reducir unas emisiones que siguen superando lo permitido por Kioto, al tiempo que debe contar con la «colaboración» de las distintas administraciones, sindicatos, empresas y ciudadanos.
Por otro lado, reconoce que reorientar el modelo energético y descarbonizarlo es «ingente» pero «llevará muchos años e incluso décadas» y recuerda que la tarea principal corresponde al gobierno central. A este respecto, insiste en que las importaciones de petróleo y gas natural son «un aliciente» para promover la eficiencia energética, el cambio modal, los vehículos eléctricos y las energías renovables.
Finalmente, expone que las fuentes para elaborar el informe por Comunidades Autónomas proceden de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Estadística, el IDEA, Repsol, Gas Natural, UNESA, Iberdrola, Endesa y REE, y los anuarios estadísticos elaborados por las propias Comunidades Autónomas.
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