Con el objetivo -al menos, así declaran los responsables del gobierno español- de corregir de forma definitiva el déficit de tarifa, que se situará pronto por encima de los 30.000 millones de euros a finales del 2013, se acaba de poner en marcha una nueva reforma del sector energético español, fundamentalmente del sector eléctrico.
En diciembre, en vísperas de esta reforma, asistimos a un curso intensivo sobre mercado eléctrico, impartido por miembros de la Agencia de la Energía de Andalucía para los miembros de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente. En él pudimos constatar la dificultad en la contabilización del coste y aumento de dicho déficit tarifario en los últimos años, ya que aparece, casi siempre, alguna partida difícil de valorar, como si existiesen “cajas negras” que no podemos tocar o conocer, la mayor parte de ellas en la zona dependiente de determinados costes a cargo de las grandes compañías eléctricas, y con un origen histórico y mantenido a base de acuerdos no muy conocidos y obscuros en su mayor parte.
Cuando hablamos de reforma en cualquier ámbito, tratamos de mejorar algo que no funciona o que, a través del tiempo, presenta importantes déficit o carencias en su funcionamiento. Pues bien, esta reforma legal, que ya viene de lejos, al menos en lo que concierne a energías renovables desde el año 2010, ha conseguido poner en contra prácticamente a todos los implicados del sector e, incluso, a una parte importante de la sociedad española.
Dicho cambio legislativo se traduce en una reducción de las retribuciones de determinadas actividades del sector, como la distribución, el transporte o la disponibilidad de diferentes instalaciones (básicamente las de ciclo combinado de gas). Además, se elimina el régimen especial (para las instalaciones de cogeneración y energías renovables), se reducen las primas a las renovables (a las ya existentes o en funcionamiento; no habrá nuevas por el momento), se introducen otras limitaciones o reducciones de pagos a determinadas actividades, y se trasladan a los Presupuestos Generales del Estado unos 900 millones de euros, que obviamente pagaremos los contribuyentes de forma directa a través de los peajes. A nadie le cabe duda de que la factura eléctrica, como consecuencia de esta reforma, se incrementará en los próximos meses.
Pero los aspectos económicos son una parte de la preocupación de esta reforma, y tenemos que afinar un poco para evaluar otras cuestiones de especial relevancia.
En primer lugar, la reducción de la retribución a las instalaciones de energías renovables ya en funcionamiento, es decir, con retroactividad, va a tener consecuencias importantes. Dichas instalaciones fueron financiadas por entidades bancarias; tienen, para entendernos, algo así como una “hipoteca” financiera que se paga mediante el ingreso que hasta ahora provenía de la venta de energía al sistema, sufragado por el Estado a través de la Comisión Nacional de la Energía. Estas “primas” venían establecidas por ley en diferentes Decretos de 1998, 2004, 2006 o 2008 y, bajo esta rentabilidad “garantizada” por el Estado, los estudios de viabilidad para las diversas inversiones consideraron factible su puesta en marcha. Su reducción genera, en primer lugar, inseguridad jurídica, no sólo para inversiones de este tipo, sino para cualquier otra que dependa de ingresos del Estado o bajo el marco de la ley española, que quedaría bajo sospecha de un futuro incumplimiento. En segundo lugar, muchas instalaciones dejarán de ser rentables, ya que no podrán hacer frente a los costes financieros, y, además de dejar de mantenerse y, por tanto, reducir su producción energética, en muchos casos, los bancos se tendrán que hacer cargo de éstas, con la consiguiente pérdida patrimonial de los pequeños inversores. Además, y como la reforma afecta a todo el sector de renovables (eólica, fotovoltaica, biomasa, termosolar, etc.), iremos disminuyendo progresivamente su participación enla producción energética total, incumpliendo nuestros compromisos europeos, fundamentalmente, de conseguir el 20% de renovables sobre el total para 2020. España pasará de ser un país líder en renovables a nivel mundial a tener un papel secundario, con pérdida de inversiones, empleo y know how.
A lo largo del último decenio, se ha incrementado notablemente la potencia instalada del ciclo combinado de gas, más eficiente y menos contaminante que las térmicas tradicionales, ya fuesen éstas de carbón o de fuel. Sin embargo, su participación en la producción eléctrica total se ha quedado muy por debajo de las expectativas -un 20% inferior a su capacidad-, quedando su papel como mero regulador de los picos de demanda eléctrica, dada su elevada flexibilidad en la producción, que prioriza la entrada de instalaciones mucho más contaminantes, como las centrales térmicas de carbón. Esto ha conllevado importantes deficiencias en la amortización de estas plantas, así como una carga económica para la cuenta de resultados de las compañías eléctricas. Los pagos por disponibilidad de estas plantas, que en la reforma se reducen, hacían que, al menos, se compensase en parte este exceso de capacidad, complicando a partir de ahora su viabilidad futura.
A modo de conclusión, podemos destacar los aspectos más relevantes de la nueva reforma eléctrica:
–Aniquilación del sector de energías renovables, lo que provocará pérdida de inversiones, de empleo y de progreso tecnológico; inseguridad jurídica para otras actividades económicas; limitación de la gestión de residuos orgánicos como la biomasa de origen animal o vegetal, además del incremento de las demandas judiciales nacionales e internacionales por retroactividad, etc.
–Incremento de las emisiones contaminantes provocado por la pérdida de participación de energías limpias frente a otras más contaminantes, como el carbón.
–Aumento de la presión fiscal y de la factura eléctrica para los consumidores y las empresas.
–Pérdida de inversiones en el sector energético en general, destacando que son inversiones a largo plazo, de elevada cuantía y no desdeñable creación de empleo. Ya las empresas más importantes del sector están viendo mermados sus beneficios y decidiendo invertir fuera de nuestro país.
–Incumplimiento de objetivos energéticos y ambientales a nivel europeo.
En definitiva, una reforma que supone un enorme paso atrás con difícil reversibilidad.
Artículo publicado por la Fundación Roger Torné
