La Ley do Clima de Galicia es una normativa pionera en la comunidad que busca integrar la sostenibilidad en todos los ámbitos de la acción pública y privada. Una normativa de carácter transversal, lo que significa que sus principios y objetivos estarán presentes en las políticas de energía, transporte, industria, agricultura, urbanismo y gestión del territorio.
Precisamente, dentro de este marco regulatorio se recogerá, entre otras medidas, las ayudas fiscales que recaerán en aquellas empresas comprometidas con reducir la huella de carbono de su actividad y así quede reflejado realmente. Es más, este detalle tendrá más puntos a favor cuando se proceda a una contratación pública por parte del ejecutivo autonómico.
Todo un futuro sostenible por delante con la Ley do Clima de Galicia
El Gobierno gallego ha aprobado la Ley do Clima de Galicia, que tendrá un carácter transversal y recogerá, entre otras cuestiones, incentivos fiscales para empresas que reduzcan su huella de carbono, a la vez que priorizará esta cuestión en la contratación pública.
De este modo, con el fin de incentivar al sector privado a impulsar acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos en materia de cambio climático se creará un registro gallego de personas promotoras de la neutralidad climática, de adhesión voluntaria, y que recogerá los compromisos ambientales asumidos por organizaciones públicas o privadas para reducir o compensar su huella de carbono.
También se contempla la puesta en marcha del llamado sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta permitirá que empresas, organizaciones o mismo ciudadanos puedan compensar sus emisiones GEI comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan gases (iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables).
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha detallado que esta norma regularizará la «contratación pública verde» de forma que en los contratos públicos o las subvenciones se dará «un peso específico» a los proyectos que reduzcan la huella de carbono y se establecerán criterios de proximidad en productos y servicios. Así en la convocatoria de ayudas públicas se introduce la posibilidad de incorporar cláusulas climáticas específicas.
Con estas medidas, según la conselleira, se busca que los procesos de contratación de la Xunta se rijan por los principios de la propia ley y sirvan de ejemplo de una nueva manera de relacionar la actividad humana con el ecosistema al tiempo que aboga por un modelo productivo y de consumo circular basado en el reaprovechamiento de los recursos.
Con este mismo fin, “la perspectiva climática” se introducirá también en la elaboración anual de los presupuestos generales de la Xunta, que recogerá partidas orientadas a avanzar en la mitigación y en la adaptación del cambio climático en Galicia. Para facilitar esta transición, se definirán medios de apoyo técnico y asesoramiento que se pondrán a la disposición de los órganos de contratación, así como un programa formativo para su personal. Asimismo, se elaborará un catálogo que defina las posibles cláusulas climáticas y ambientales a introducir en los distintos tipos de contratos así como las instrucciones para facilitar su adaptación a los pliegos.
Lograr la neutralidad climática en el 2040
Mediante esta nueva normativa, que se remitirá al Parlamento para su aprobación, se crearán nuevas herramientas de participación entre las que destaca la Oficina de Cambio Climático y, además, supondrá elevar al rango de ley el objetivo de conseguir la neutralidad climática en el horizonte del año 2040, diez años antes de lo que marca Europa.
Para ello, Galicia busca reducir en 2030 las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) un 75 % en relación con 1990, año de referencia a nivel mundial para las políticas climáticas. Para conseguir estos objetivos, la titular de Medio Ambiente ha incidido en la importancia de una estrategia multidisciplinar que además se apoyará en tres instrumentos de acción climática previstos en la propia ley para avanzar en las metas fijadas por ley.
Estos instrumentos son la Estrategia Gallega de Cambio Climático; los planes regionales integrados de acción y los planes de acción local por el clima, que la ley fija como obligatorios para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con el fin de reforzar a nivel local las acciones de mitigación y adaptación. Vázquez ha recordado que, de hecho, 17 de los 23 ayuntamientos gallegos que se encuentran en esta franja de población ya han elaborado y presentado su propio plan de acción.
Competencias en materia meteorológica
Con anterioridad y tras la situación que afectó a Valencia con la dana del pasado mes de octubre, la Xunta ya anunció su intención de pedir el traspaso de las competencias en meteorología con el fin de optimizar la efectividad de las alertas meteorológicas y aprovechar los datos que ofrece Meteogalicia en la comunidad.
A preguntas de los medios, Vázquez ha remarcado que esta nueva norma, en una línea similar a la fórmula empleada en la ley autonómica del litoral, busca «anticiparse» y fijar un marco que se sustenta en la convicción de que las competencias meteorológicas deben ser asumidas por la propia Comunidad autónoma. En este sentido, en Galicia “regulamos lo que entendemos que es nuestro y, a partir de ahí, cuando esté aprobada la ley y, como es lógico y así lo avanzó el presidente.
Esta nueva normativa que se acaba de aprobar se enmarca en los compromisos internacionales y europeos para alcanzar la neutralidad climática en 2050, y refuerza la apuesta de la comunidad gallega por un desarrollo económico basado en la innovación verde. En definitiva, la norma no solo pretende reducir la huella ecológica, sino también generar oportunidades de empleo, inversión y competitividad, situando a Galicia en la vanguardia de las políticas climáticas regionales en España. EFE / ECOticias.com
