Francia ha manifestado su disposición a flexibilizar la prohibición de los motores térmicos prevista para 2035, una medida emblemática de la política climática europea que busca poner fin a la venta de vehículos nuevos con motores de combustión interna.
Este giro no supone un abandono del objetivo de descarbonización del transporte, sino un ajuste pragmático ante los retos económicos, industriales y sociales que plantea la transición hacia la movilidad eléctrica.
El gobierno francés reconoce que el sector del automóvil atraviesa una transformación profunda, marcada por la competencia internacional, la dependencia de materias primas estratégicas y la necesidad de preservar el empleo industrial. En este contexto, París considera que una aplicación demasiado rígida de la prohibición podría debilitar a los fabricantes europeos frente a competidores de otras regiones y generar tensiones en el mercado laboral. Por ello, apoya la introducción de mayor flexibilidad, especialmente en lo relativo a tecnologías alternativas.
Flexibilización de la prohibición de motores en 2035: la propuesta francesa
Francia está dispuesta a mostrarse «flexible» con la regla europea que establece la prohibición de vender coches nuevos con motores de combustión que emitan CO2 a partir de 2035, a condición de que se establezca una preferencia para los vehículos producidos en la Unión Europea (UE).
El ministro francés de Economía, Roland Lescure, señaló este miércoles que están «dispuestos a ser flexibles» y que Francia lo comunicó formalmente a la Comisión Europea con una carta que firma él mismo con los ministros de la Transición Ecológica, Monique Barbut, de Transportes, Philippe Tabarot, así como los responsables de Industria, Sébastien Martin, y de Europa, Benjamin Haddad.
Francia está dispuesta a mostrarse «flexible» con la regla europea que establece la prohibición de vender coches nuevos con motores de combustión que emitan CO2 a partir de 2035, a condición de que se establezca una preferencia para los vehículos producidos en la Unión Europea (UE).
En una entrevista en la emisora RTL, Lescure precisó que su país estaría dispuesto a aceptar que a partir de 2035 se puedan comercializar «algunos» coches con motores de combustión, pero sólo si se fabrican en la UE, en concreto si al menos el 75 % de su valor añadido se ha generado allí.
«La ingenuidad ha terminado», subrayó el ministro francés, que consideró justificada esa preferencia europea a la vista de cómo se están comportando los grandes competidores que son Estados Unidos y China.
La puntualización de la posición francesa cobra sentido en el actual debate sobre posibles ajustes a la regla de la prohibición de la venta de automóviles nuevos con motores térmicos para 2035, cuestionada sobre todo por Berlín.
Alemania pide relajar aún más la norma e incluir los híbridos después de 2035
Alemania, primer fabricante europeo, ha pedido por carta que se levante el veto a la venta en la UE de coches que emitan CO2 a partir de 2035, y que se permitan también los de motores híbridos.
Francia y España, por su parte, habían redactado un documento conjunto en el que abogaban por «mantener el rumbo», y rechazaban que las ventas de híbridos nuevos a partir de 2035 se computen como coches limpios y pedían a Bruselas incentivos para la fabricación local europea.
Francia ha aceptado flexibilizar la prohibición de vender vehículos con motores térmicos a partir de 2035, una medida clave del paquete climático europeo que hasta ahora defendía de forma estricta.
Esta vía abre la puerta a que determinados motores de combustión sigan presentes más allá de esa fecha, bajo condiciones muy específicas.
Alemania, primer fabricante europeo, ha pedido por carta que se levante el veto a la venta en la UE de coches que emitan CO2 a partir de 2035, y que se permitan también los de motores híbridos.
Este posicionamiento busca un equilibrio entre ambición climática y realismo industrial. Francia insiste en que el objetivo final de reducir drásticamente las emisiones de CO₂ no está en cuestión, pero subraya que la neutralidad climática debe alcanzarse sin sacrificar la competitividad ni agravar las desigualdades sociales. La aceptación social de la transición, argumenta el Ejecutivo, depende de que los ciudadanos tengan acceso a vehículos asequibles y a infraestructuras adecuadas.
En el debate europeo, la postura francesa puede influir en una revisión más flexible del calendario de 2035, alineando a varios Estados miembros que reclaman adaptaciones. Así, Francia se posiciona como defensora de una transición ecológica ambiciosa, pero abierta a soluciones tecnológicas diversas y a un ritmo compatible con la realidad económica del continente. Seguir leyendo en ECOticias.com
