“El nuevo ciclo político en América Latina y la crisis económica que impuso políticas de restricción del gasto público han creado una nueva dinámica en la región. El activismo ambiental y el periodismo pueden ayudar a asegurar los logros obtenidos, pero también resultan altamente peligrosos para quienes los practican.”
Un ambiente enrarecido
A pesar de los notables avances de la última década, la pobreza y la desigualdad persisten. Las instituciones públicas se han fortalecido en algunos aspectos, pero siguen siendo débiles en su capacidad para responder a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la región, incluyendo el poder cada vez más inmenso de las corporaciones.
Salvo excepciones, los sistemas de justicia en muchos países de la región están colapsando y no cuentan con la confianza de la gente. La injerencia de los poderes ejecutivos en las judicaturas existe, aunque ahora se hace de una forma más «sofisticada» (por ejemplo, mediante la selección de miembros de los tribunales superiores o la participacion en procedimientos disciplinarios).
La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones más importantes en un gran número de países de la región. Y la impunidad ante crímenes comunes y otros cada vez más graves es un sello distintivo de varias naciones latinoamericanas, al punto de que la seguridad ciudadana está considerada una preocupación primordial entre la gente de la calle.
Actividades de riesgo
En este ámbito, la práctica del periodismo y la defensa del medio ambiente se han convertido en actividades «arriesgadas». A pesar de los grandes avances, la libertad de expresión y el derecho de asociación continúan siendo temas controvertidos en varios países. Finalmente, la corrupción, como un «tema transversal» que abarca todo lo anterior, debe ser motivo de profunda reflexión desde Tierra del Fuego a Canadá.
En Latinoamérica hoy en día hay una cierta prevalencia de la impunidad, como en el caso del asesinato de Berta Cáceres y de algunos de sus asociados, todos ellos activistas medioambientales. Los ataques contra activistas también son comunes en Brasil, mientras que en México las víctimas tienden a ser periodistas.
Durante la última década, América Latina ha experimentado un aumento explosivo de la inversión privada para la extracción de recursos naturales y en torno a este fenómeno, un aumento de la inestabilidad social relacionada con estos proyectos.
En muchos países de la región, la defensa de la tierra, los derechos humanos y contra el cambio climático, sumados a la indiferencia de los Estados y las corporaciones ha creado una tormenta perfecta de violencia e impunidad. Los estados deberían reconocer la tensión que estos proyectos crean y la situación de inequidad en que se encuentran las comunidades afectadas.
Los periodistas son otro grupo particularmente vulnerable, especialmente en México. Son víctimas no sólo de violencia física sino también económica y simbólica. Ser periodista en las zonas más violentas de la región es una ocupación peligrosa, mal pagada y sujeta a estigmatización social, pero, aun así, muchos persisten en su oficio.